El colegiado se pronunció con relación al caso del diputado colorado cartista Hernán David Rivas y también sobre el ingreso del senador colorado, igualmente cartista, Javier Zacarías Irún en sustitución de Fernando Silva Facetti en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Primeramente el Colegio trata que en las noticias se informó que la carrera de la cual egresó Rivas no está habilitada por el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) y que Zacarías Irún, procesado judicialmente, será parte para entender solo “determinados casos”.
Ante estos hechos, desde el Colegio de Abogados consideran que el buen funcionamiento de la democracia constitucional depende del grado de virtud de las decisiones que tome clase política dirigente, que “no solo tiene la responsabilidad, sino la obligación de dotar de contenido tanto a sus determinaciones como a sus nominaciones de tal manera que la democracia transite finalmente de lo meramente formal a lo estrictamente sustancial”.
Ante la clase de figuras que integran el órgano jurisdiccional, el Colegio de Abogados considera que “lejos de enmarcarse en el esquema de valores, principios y reglas que definen una democracia constitucional, constituye una bofetada tanto a la institucionalidad como a la ciudadanía”, según reza el escrito.
Calificaron de inaceptable que el JEM, encargado de velar por la independencia del Poder Judicial, esté integrado por personas que no reúnen las idoneidades técnicas y éticas que son requeridas para juzgar a los jueces y agentes fiscales del país.
Consideraron injustificable que la clase política ya no haya activado las herramientas constitucionales y legales con las que se cuentan para impedir que tanto Hernán Rivas como Javier Zacarías Irún pasen a integrar el Jurado como representantes de la Cámara de Diputados y la de Senadores, respectivamente.
Señalaron que el sistema político-jurídico no se reduce a ritos procedimentales para la toma de decisiones, sino que lo que realmente importa es el aspecto sustancial desde donde no se considera legítimo otorgar a Rivas y a Zacarías, semejante responsabilidad con los ya indicados antecedentes “académicos” y “éticos”.