A través de un comunicado emitido hoy, la CEP expresa primeramente el “dolor por la pérdida de vidas humanas, que en este caso significó la muerte violenta de dos niñas de 11 años de edad” y destacan que “la Iglesia reafirma el valor supremo de la vida humana”, remarcando que “la vida y la dignidad de la persona humana no están subordinadas a ninguna justificación ni causa superior”.
Sin embargo, emiten también una fuerte crítica sobre las dudas que existen respecto al operativo realizado por el gobierno, todo esto sin dejar de cuestiona también el grupo criminal que propició la presencia de las menores en el sitio del enfrentamiento. “Los procedimientos durante el operativo en el que resultaron víctimas las dos niñas son confusos y han dejado muchas dudas e interrogantes”, mencionan en el comunicado y por tanto exigen a los órganos del Estado “arbitrar todos los medios necesarios para el completo esclarecimiento de los hechos ocurridos, en la mayor brevedad”.
Recordaron igualmente que el “Estado de Derecho exige de los organismos públicos ajustar sus decisiones y acciones a la ley; y que sus procedimientos deben regirse por criterios de absoluta transparencia, proporcionalidad y justicia, salvaguardando en todo momento la dignidad de las personas”.
La CEP enfatizó que “rechaza categóricamente cualquier acto de violencia proveniente de grupos extremistas que actúan al margen de la ley e insta a las autoridades del gobierno a poner el máximo empeño en identificarlos y sancionarlos acorde a las leyes que regulan nuestra nación”, e incluso no dejó de mencionar la “violencia estructural de la inequidad social que genera exclusión y priva a amplios sectores de la población, en especial a los niños y a los ancianos, de los bienes esenciales para una vida digna, y que amenazan la paz social”.
En ese sentido, hizo una llamado a todos los sectores de la sociedad a fin de aunar esfuerzos “para el logro del bien común, que es requisito fundamental para la convivencia pacífica de la nación”.
El operativo en que que resultaron acribilladas las dos niñas de 11 años incluso generó un reclamo diplomático por parte del Gobierno de Argentina, atendiendo que las menores tenían esa nacionalidad. A raíz de esto, el fin de semana se procedió a exhumar los cuerpos de las niñas a fin de realizarse nuevas pruebas sobre la identidad y las circunstancias en las que fueron abatidas.
El Ministerio Público también designó dos equipos fiscales, uno para investigar las muertes y el proceder de las fuerzas del Comando de Defensa Interna y el otro, para indagar responsabilidad de los familiares en la no protección de la menores.