El juicio ya se suspendió dos veces –la última el 28 de agosto pasado– y actualmente, se espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia para continuar la audiencia. Ante la repetitiva interposición de recursos, incidentes y recusaciones que impiden el normal desarrollo del proceso, el Tribunal presidido por Dina Marchuk e integrado por Letizia de Gásperi y Julio César Granada impuso las primeras medidas disciplinarias para tratar de reencausar el proceso.
Tras declarar litigantes de mala fe y el ejercicio abusivo de la profesión a los abogados Ana María Arréllaga, Daniel Castillo y Norman Queiroz y a los acusados Nicolás Fernando Cáceres Oviedo, Ignacio Alcides Sosa Pineda, Emilio José Vall Sánchez y José del Rosario Sánchez López, el colegiado les impuso fuertes multas.
Los abogados fueron sancionados con 100 días multa, equivalente a G. 25.320.000 cada uno, mientras que a los acusados se estableció una multa de G. 8.440.000 para cada uno.
“Estos profesionales abogados no han demostrado la más mínima consideración y respeto a los miembros de este tribunal, así como a las demás partes en esta causa, sobre todo a sus defendidos, cuyos derechos son protegidos por nuestra propia Carta Magna (...)”, señala una parte de la resolución.
Vivian Paredes Zanotti, de 3 años, falleció tras ser baleada durante una persecución realizada por agentes antidrogas en el establecimiento Granja Manuelita, ubicado en la compañía Itá Ybate’i de Nueva Italia, el 18 de junio del 2016.
La niña viajaba con su familia en una camioneta guiada por su abuelo Ulrico Zanotti Cavazzoni, que recibió 60 disparos; Vivian falleció tras recibir un tiro en la cabeza y su tío Alessandro Zanotti, de 30 años, recibió 3 disparos. Además de los ahora sancionados, también están acusados el exdirector de operaciones de la Senad, Luis Servián Rotela y los agentes Christian Morán Galeano y José Domingo López Orrego.