Reinaldo Chaparro Penayo fue condenado a tres años de pena privativa de libertad, mientras que Lucio Romero Caballero y Nery Franco González cumplirán una condena de dos años seis meses de cárcel por el hecho punible de estafa, que fue cometida de manera reiterada, ya que cobraron salario de la Cámara de Diputados desde julio de 2016 hasta febrero de 2017, sin haber cumplido funciones en la sede legislativa.
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Carlos Hermosilla (presidente), Héctor Fabián Escobar y Wilfrido Peralta, resolvió absolver a caseros del hecho punible de cobro indebido de honorarios, delito por el que también fueron acusados por la Fiscalía, porque no se cumplieron los requisitos para condenarlos por este delito.
La jornada de ayer se inició a las 8:00 y la sentencia se dictó cerca de las 22:00.
Según la investigación del fiscal Luis Piñánez, Reinaldo Chaparro Penayo ocasionó un perjuicio de G. 16.937.080 al patrimonio de la Cámara Baja; Lucio Romero Caballero causó un daño de G. 16.895.830 y Nery Franco González de G. 24 millones, por los meses que cobraron salario del Legis-
lativo, pero que en realidad trabajaron para el diputado Tomás Rivas (colorado cartista), en la vivienda que este tiene en Lambaré y en su estancia en la ciudad de César Barrientos, departamento de Paraguarí.
El Ministerio Público demostró que los hoy condenados trabajan como caseros del parlamentario por la ANR mediante una pericia documentológica de las planillas de marcación en Diputados y un cruce de llamadas telefónica de los funcionarios con el legislador Tomás Rivas.
Apelarán condena
El abogado Jorge Bogarín, defensor del condenado Lucio Romero Caballero, adelantó que presentará una apelación contra el fallo del Tribunal de Sentencia, ya que considera que los elementos presentados por la Fiscalía durante el juicio no son suficientes para una condena por estafa.
Siguen con las mismas medidas
Los tres condenados seguirán con medidas alternativas a la prisión que tienen desde el inicio del juicio y solo irán a la cárcel si la Cámara de Apelaciones confirma el fallo y ordena que cumplan la condena en la cárcel.
Aún así el caso puede llegar a la Corte Suprema de Justicia y con la confirmación de todo lo resuelto, los procesados no tendrán más remedios que ir a la penitenciaría.