El presidente del PLRA, Efraín Alegre, se presentó ayer ante la jueza Cynthia Lovera para su audiencia de imposición de medidas cautelares en el proceso que enfrenta por producción de documentos de contenido no auténtico y la supuesta producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso, en el 2018. La magistrada le impuso medidas alternativas a la prisión.
El excandidato a presidente de la República tiene prohibición de salir del país sin dar aviso al Juzgado, restricción de cambiar de domicilio y una fianza real de G. 150 millones que debe presentar en un plazo máximo de 20 días, a fin de garantizar su sometimiento al proceso. En caso contrario, la resolución será revocada y el político irá a prisión.
Al culminar la diligencia, Efraín Alegre anunció que no cumplirá las medidas dictadas por el Juzgado de Garantías porque a su criterio no corresponden. Dijo que esperará que pasen los 20 días para que la magistrada le diga en qué cárcel deberá cumplir la prisión preventiva, mientras dure la investigación que calificó como persecución política.
“Está muy claro. Esto se define en la tabacalera, donde se reúnen Horacio Cartes, José Ortiz y compañía y resuelven a quiénes se les procesa, como el caso de los jóvenes dirigentes del PLRA imputados por el caso de Rodrigo Quintana”, puntualizó Alegre.
Lamentó también que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se haya puesto de rodillas “ante la mafia que gobierna al país”.
Anuncia apelación
Al inicio de la audiencia, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos solicitó al Juzgado la eximición de toda medida cautelar, porque a su criterio dos de los tipos penales por los que Alegre está procesado no tienen caudal fáctico.
La defensa agregó que está pendiente de resolución una acción de inconstitucionalidad que se presentó ante la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, la magistrada rechazó el planteamiento de la defensa y dictó las medidas cautelares que pidió el agente fiscal Édgar Sánchez.
Duarte Cacavelos adelantó que presentará la apelación contra la resolución, ya que según manifestó, “no existe sospecha seria de ningún hecho punible, y menos uno que pueda ser considerado grave”. Aseguró que cliente es víctima de una persecución política.