Al parecer, para las autoridades de nuestro país existen ciudadanos de primera y de segunda categoría, a juzgar por la aplicación del rigor de la ley en algunos casos y en otros no. Es que ayer, la Policía Nacional no tuvo problemas en realizar una intervención en una fiesta de bodas realizada en Tobatí, por una denuncia de supuesta aglomeración de personas. La fiscala Angélica Insaurralde ordenó vía telefónica que solo se tomasen los datos del organizador y propietario del lugar. Según afirmaron, en el sitio había aproximadamente 60 personas, reportó Desiré Cabrera, corresponsal de ABC en la zona.
El hecho se registró ayer aproximadamente a las 13:50, cuando la Policía fue alertada por una denuncia de aglomeración a través del sistema 911. Las patrulleras acudieron al lugar denominado Parque Toro, ubicado en el kilómetro 65 de la ruta que une Caacupé con Tobatí, de la Compañía Potrero Poli. En el sitio efectivamente se desarrollaba una fiesta con equipos de sonido y la presencia de aproximadamente 60 personas.
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En el lugar fueron recibidos por Juan León Zaldívar Antúnez (52), quien dijo ser propietario del lugar y organizador del evento. Luego de ser notificada sobre la situación, la fiscala de turno ordenó que solo se tomen datos del propietario del establecimiento y responsable del evento, a fin de iniciar una investigación.
El rápido actuar de las autoridades en este caso da que pensar, puesto que hace tan solo una semana Sol Cartes, la hija del expresidente de la República Horacio Cartes se casó en la Catedral Metropolitana con un posterior festejo en San Bernardino, con sonadas repercusiones, ya que se constató que tanto en la iglesia como en la fiesta las medidas sanitarias para evitar la propagación del coronavirus solo estuvieron de “adorno”. En los días previos a la boda se socializó un “protocolo especial” creado para el evento. Allí se indicaba, entre otras cosas, la obligatoriedad de la utilización del tapabocas, pero esta medida nunca se cumplió.
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Sol Cartes y Patrick Bendlin se casaron el pasado sábado 15 de agosto, durante una ceremonia religiosa en la Catedral. En esta primera parte del evento se pudo ver como Sol y su papá, Horacio Cartes, hicieron caso omiso de las medidas sanitarias y participaron de la misa sin utilizar tapabocas.
Otra de las violaciones al protocolo sanitario -hechas a la vista de todo el mundo- se notaron en los videos del festejo en los que se puede ver a la novia en la pista de baile, rodeada de sus familiares y amigos sin cumplir con el distanciamiento social.
El Ministerio de Salud, el Público y el del Interior hicieron “la vista gorda” ante estas irregularidades y “se pasaron la pelota” tratando de justificar por qué no hubo intervención alguna en dicho evento, cuando existieron notorios indicios de violación a lo dispuesto en la Ley de Emergencia Sanitaria.
Con relación a la boda en Tobatí, intentamos comunicarnos con la agente fiscal, pero la misma respondió vía mensajes que se encuentra con problemas de salud y que fue a una cita con el médico, por lo que no pudo brindar declaraciones a la prensa.
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Justicia selectiva y autoridades indulgentes con los poderosos
La boda de Sol Cartes generó la indignación ciudadana, que se volcó a las redes sociales para expresar su repudio ante la inacción de las autoridades en lo que fue una abierta violación al protocolo sanitario. Para muchos significó incluso la demostración de la inequidad en la aplicación de la Justicia. La Fiscalía no intervino en la fiesta, pese a que se realizaron numerosas denuncias públicas.
Con la intervención del casamiento en Tobatí se reanuda el debate sobre la “selectividad” de los organismos estatales a la hora de hacer cumplir la ley, ya que para algunos casos se dan intervenciones inmediatas, mientras que en otros, pese a las denuncias, no existe reacción alguna.
Las críticas no solo vienen de la población, sino también de miembros del Gobierno. Este es el caso del ministro del Interior, Euclides Acevedo, quien calificó de “negligente” la actuación de la Fiscalía por no haber ido a controlar si se cumplió o no el protocolo en el casamiento de la hija del expresidente Cartes.
Por su parte, la fiscala Teresa Sosa fustigó al ministro de Salud, Julio Mazzoleni, por su “lavado de manos” ante la boda. Lo calificó de “hipócrita” por hacerse del “ciego, sordo y mudo” ante este hecho y evidenciar la desigualdad de la aplicación de los protocolos sanitarios. Reafirmó que la cartera sanitaria autorizó la realización de la boda, pero dijo que ella solo tuvo conocimiento de esto a través de los medios de prensa.
La versión del Ministerio de Salud con relación a dicha fiesta fue que “no se elaboró un protocolo adicional” para la realización de la misma. No obstante, no explicaron por qué no hubo intervención en el evento, pese a que el incumplimiento de las disposiciones sanitarias fue más que evidente.
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