El proyecto de ley modifica y amplía la Ley N° 5097/2013, “Que dispone medidas de modernización de la administración financiera del Estado y establece el régimen de Cuenta Única y de los títulos de deuda del Tesoro Público”, y establece disposiciones legales complementarias para la administración de la deuda pública”.

El proyecto estaba en el punto 11 de la sesión ordinaria de la fecha y en el momento de iniciarse el tratamiento, el senador Víctor Ríos (PLRA), presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, propuso que sea postergado porque no tuvieron aún oportunidad de dictaminar por la complejidad del tema, lo que fue aceptado por mayoría sin discusión.

El Ejecutivo pretende, entre otros puntos, autorización para emitir bonos por un monto de hasta el 40% del valor nominal de los que están en circulación (actualmente equivale a US$ 2.746 millones), para realizar las operaciones de rescate o canje anticipado de la deuda mirando ya enero de 2023, cuando vencerán bonos por US$ 780 millones.

Con esta autorización Hacienda se encargaría de emitir los bonos para efectuar el canje y extender el plazo de vencimiento, sin necesidad de tener que recurrir al Congreso a pedir una ley para cada emisión.

Los senadores, principalmente de la oposición, no están de acuerdo con este proyecto de ley porque aseguran que viola la Constitución Nacional en lo que se refiere a que la aprobación de los préstamos es una facultad del Congreso.

La Ley N° 5097/13 que se plantea modificar ya contempla esta posibilidad de rescate anticipado, pero no es lo suficientemente clara para los inversionistas que tienen en su poder los bonos, motivo por el cual no se pudo utilizar este año, según informó el ministro de Hacienda, Benigno López, durante una reunión con la Comisión de Hacienda del Senado.

Préstamo del BID

La sanción y promulgación de esta ley es una de las condiciones para el segundo desembolso de US$ 150 millones del préstamo otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que serán utilizados para pagar parte de la deuda que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) tiene con las empresas contratistas.

En el contrato de préstamo firmado con el BID para obtener un crédito de US$ 300 millones de libre disponibilidad y a ser desembolsado en dos partes iguales se dispuso esta cláusula de compromiso.

La primera parte ya fue desembolsada el año pasado al cumplirse el primer condicionamiento que era presentar los proyectos, pero ahora resta la segunda y, para ello, el Parlamento deberá aprobar, además de la ley de “bicicleteo”, la ley de fortalecimiento fiscal y la ley de transparencia fiscal.