Sosa primeramente hizo énfasis en que durante los días previos al evento se realizaron numerosas publicaciones adelantando la realización del “evento del año”: la boda de Sol Cartes, hija del expresidente Horacio Cartes.
“Y yo le escuché a la organizadora del evento, una señora de apellido Miralles, que dijo que contaba con la autorización y que su protocolo se adecuaba con las normas establecidas de Salud Pública. Lo dijo en conferencia de prensa, lo dijo por escrito, por todos los medios”, argumentó la fiscala.
Admitió que no tiene ningún documento respaldatorio de esa autorización, pero alegó que el Ministerio de Salud no solo brinda permisos a través de documentos y que también la Policía Nacional le confirmó que iba a realizar cobertura del evento.
En ese sentido, refirió que el Ministerio de Salud es el órgano rector de la mitigación de la pandemia y el que debería estar “monitoreando y controlando” que se estén cumpliendo las reglas de manera preventiva.
Afirma que en Asunción sí se cumplieron los protocolos
El día del evento, el sábado pasado, la fiscala Sosa estaba de turno en la ciudad de Asunción, por lo cual solo actuó de manera preventiva en la ceremonia religiosa llevada a cabo en la Catedral de Asunción, no así en la fiesta llevada a cabo en San Bernardino.
Debido a ello, se comunicó con el jefe de Policía de la ciudad capital, quien le dijo que estaba en conocimiento de la celebración y que recibió por parte de sus superiores “instrucciones de cubrir el evento”.
La fiscala también conversó con el Arzobispado de Asunción, a cuyas autoridades recordó que, por estar en vigencia la fase 3 de la cuarentena inteligente, solo se permite la presencia de hasta 20 personas dentro de la iglesia y solicitó el cumplimiento de dicha normativa o serían pasibles de un proceso penal el sacerdote y los asistentes.
“Se previó hasta la filmación del evento, del ingreso de las personas, por parte de la Policía, y efectivamente en Asunción se cumplió lo que se establece con respecto a la fase 3”, garantizó y confirmó que dentro de la iglesia solo estuvieron 20 personas en esa ceremonia.
Recalcó que ella no tiene jurisprudencia en Cordillera, por lo cual su trabajo culminó luego del acto religioso.
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Mazzoleni, un “hipócrita”
En todo momento, la fiscala se mostró molesta por la actitud del ministro de Salud, quien se desmarcó del evento al decir que no existió ningún protocolo especial para el mismo. Sosa aseguró que él intenta “lavarse las manos” al hacerse del “ciego, sordo y mudo”, pero es el principal responsable, por decreto presidencial, de asegurar el cumplimiento del protocolo sanitario.
“Yo le escuchaba atónita, primero porque su respuesta fue una respuesta con truco, porque puede no tener un protocolo adicional, pero yo tengo conocimiento de las autorizaciones que ellos han dado; mínimo tengo conocimiento de tres eventos en los que han dado autorización para que se realicen. Me quedé sorprendida, porque significa que este señor… Yo no tengo nada en contra de nadie, pero su conducta es hipócrita, porque resulta ser que él está ciego, sordo y mudo de lo que acontece en la República y ahora plantea que no se autorizó la boda”, cuestionó.
Reiteró que Mazzoleni es el “representante legal” que debe mitigar, controlar y prevenir la expansión del nuevo coronavirus. “No es el Ministerio Público ni la Policía Nacional. Es el Ministerio de Salud, entonces yo me pregunto: si la boda fue anunciada con mucha antelación, si la planificadora de la boda dijo que tenía la autorización de su protocolo por parte del Ministerio de Salud, yo me pregunto: esa conducta omisiva del ministro Mazzoleni al no tomar medida alguna, ¿podría implicar una transgresión grave a sus obligaciones y responsabilidades, siendo él el rector de la lucha contra la pandemia?”, declaró en contacto con ABC.
Consideró nuevamente que es “hipócrita” decir que es responsabilidad del Ministerio Público actuar en esos hechos y no del Ministerio de Salud. En ese sentido, recordó que en el decreto presidencial de la cuarentena inteligente se establece que es el Ministerio de Salud el único que puede acceder a la lista de asistencia de todos los eventos, puesto que, por protocolo, los organizadores deben tener una lista completa en caso de que se registren contagios.
“¿No atenta su conducta de autoridad administrativa contra el principio de igualdad que establece el artículo 47 de la Constitución Nacional? Y la pregunta fundamental: ¿será que el ministro de Salud Pública no intervino ante la realización del evento que fue públicamente anunciado debido a que se casaba la hija de un expresidente de la República, líder de la Asociación Nacional Republicana, partido político del Gobierno del cual él forma parte?”, acusó.
Volvió a decir que puede citar todos los artículos del decreto 3.835/20 que le hacen a Mazzoleni el principal responsable de no haber controlado ni tenido una conducta preventiva. “Y tuvo conocimiento, y autorizaron porque, caso contrario, el comandante de la Policía Nacional jamás hubiera autorizado a la Policía Nacional para que haga una cobertura del evento”, aseveró.
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Sin documentos sobre autorización
Esta mañana, la fiscala reiteró a través de su cuenta de Twitter que el Ministerio de Salud autorizó la realización del evento. Le consultamos sobre ello y la misma admitió que no cuenta con ningún documento respaldatorio, pero alegó que no todos los permisos se realizan a través de protocolos.
Argumentó que tiene conocimiento sobre otros eventos realizados con permiso del Ministerio de Salud sin protocolos especiales, dos de ellos relacionados a cuestiones electorales.
Sosa dijo que se basa en dos hechos principales para asegurar que la cartera sanitaria autorizó el evento de Cartes; primeramente, dijo que leyó en los medios de prensa que la organizadora, Jessica Miralles, aseguró que cuenta con dicha autorización.
En segundo lugar, manifestó que se basa en la confirmación la Policía Nacional en Asunción, cuyo representante le aseguró que ya tenían conocimiento del evento y por ello realizaron la cobertura de seguridad. En solo esos dos puntos se sustenta la afirmación de Sosa de que la boda contaba con autorización del Ministerio.
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La fiscala indicó que, según su criterio, la actitud del ministro de Salud no se enmarcaría en una lesión de confianza ni otro tipo de responsabilidad penal, sino que se trata de una cuestión política. “Esto más bien es una cuestión de índole político-administrativa, la confianza que se tiene en la persona que encabeza el órgano rector de lucha contra la pandemia. Yo lo veo de esa manera, capaz otros colegas abogados podrían hacer un análisis”, declaró.
Aclaró que ella no tiene competencia para actuar de oficio ni impulsar ninguna denuncia. “Que lo hagan los órganos competentes, porque resulta ser que todo el fardo se tira hacia el Ministerio Público, hacia la gente que por lo menos está realizando algún tipo de trabajo ayudando a que esto no siga corriendo, a que no se expanda”, añadió.
En otro momento, la fiscala Sosa exhortó al ministro Mazzoleni a que presente una denuncia ante la Fiscalía de la zona “si se arrepiente” de haber autorizado la boda, o si no lo hizo, para que se investigue el hecho y así los novios reparen el daño, tal y como lo hicieron todos los que incumplieron el protocolo sanitario.
Adelantó que estará enviando una nota dirigida a la fiscala Sandra Quiñónez para expresarle su molestia por todos los acontecimientos. “Esa carta va a decir que siempre el Ministerio Público necesariamente tiene que estar realizando su tarea y asumiendo sus responsabilidades, pero no podemos permitir que siempre se nos esté desligando la culpa ante cuestiones que corresponden a otros, porque el Ministerio Público no define lo que es cuarentena, eso lo define el órgano rector, que es Salud Pública”, finalizó.
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Ministro desmintió protocolo especial
Ayer el titular del Ministerio de Salud fue abordado sobre este tema en conferencia de prensa y dijo que “no existe ningún protocolo adicional” y todos los existentes y oficiales están publicados en el portal de la cartera sanitaria.
La boda se llevó a cabo el fin de semana pasado y fue duramente cuestionada por toda la ciudadanía. La boda religiosa, que incluso contó con la presencia de escrachadores, fue llevada a cabo en la Catedral de Asunción, donde la novia y su padre se presentaron sin tapabocas.
A la fiesta llevada a cabo en San Bernardino acudieron numerosos invitados, aunque los protocolos solo permiten la presencia de 20 personas por cada evento.
En las cercanías se montaron hasta barreras policiales y con personal sanitario, “para controlar la temperatura”. Pese a las imágenes divulgadas y a las críticas, ninguna autoridad intervino en el evento para verificar el cumplimiento de los protocolos vigentes en esta cuarentena inteligente.
Ya antes de la realización la boda generó muchas expectativas, debido a que todos los invitados debían realizarse el test del nuevo coronavirus para poder asistir. Cabe resaltar que la prueba en el sector privado tiene un costo que ronda los G. 700.000 por persona.