El nombramiento se realizó a través del decreto 3.948, firmado este martes por el presidente de la República, Mario Abdo. Valdez Cuéllar había sido nombrado por el expresidente Horacio Cartes como viceministro de las Fuerzas Armadas en agosto de 2013, pero fue destituido a finales de 2016 por denuncias de irregularidades administrativas dentro del caso que implicó al entonces comandante de las Fuerzas Militares, Luis Gonzaga Garcete.
Gonzaga Garcete estaba denunciado por hechos de corrupción, como sobrefacturación de obras y pagos de viáticos a funcionarios privilegiados. Su esposa, Lucía Duarte, figuraba como funcionaria en planillas de FF.AA. con un sueldo de G. 3 millones sin hacer oficina. Se ocupaba más bien de una fundación privada.
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Antes de retirarse, el nuevo presidente de Puertos fue comandante de la Armada luego de una dilatada carrera como militar, cargo que dejó en 2009. Es licenciado en Administración de Empresas y en Ciencias Militares y magíster en Planificación y Conducción Estratégica Nacional.
El anterior presidente de Puertos, Ramón Retamozo, renunció el pasado 13 de agosto en medio de denuncias de corrupción en su contra, tras dos años de iniciar el manejo de la institución, con muchas críticas.
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Al renunciar, indicó que es víctima de persecución de un viejo esquema que no quiere cambios en la institución portuaria. El presidente de Puertos no solo entregó el depósito franco de Buenos Aires, sino que también contrató a la empresa de un amigo de su hijo para la reparación del nuevo depósito que tiene la institución en la capital argentina.
Estos trabajos fueron adjudicados por G. 303 millones a la firma Ortiz Construcciones, de Andrés Ortiz Vargas, amigo del hijo de Retamozo, el seccionalero Renato Retamozo.
Además, fue salpicado por constantes hechos de corrupción que incluso están siendo investigados por la Fiscalía. Algunas de las denuncias tienen que ver con la cuestionada adjudicación a SIF América, los millonarios montos que se gastan en viáticos de funcionarios, nepotismo, contratación irregular de 300 funcionarios, la posible falsificación de facturas, gastos injustificados y sobrefacturaciones, entre otros hechos.