El 24 de mayo de 2019, el Gobierno de Mario Abdo Benítez, por medio de su embajador en Brasil, negociador principal del nuevo acuerdo de contratación de potencia –y de otros agregados que anticipaban la revisión del Tratado–. Hugo Saguier Caballero firmaba con Pedro Miguel Da Costa, secretario de negociaciones bilaterales y regionales para América Itamarati el “Acta Bilateral”.
Al documento, popularizada como “acta secreta” pudo acceder la opinión pública paraguaya dos meses después de la fecha mencionada, gracias a las renuncia del Ing. Pedro Ferreira, presidente de la ANDE y uno de los negociadores del documento.
El 24 de julio del mismo año, trascendía el decreto Nº 2192, por la que el presidente Abdo Benítez, aceptaba la renuncia del Ing. Ferreira a la presidencia de la ANDE y por la que designaba al Ing. Alcides Jiménez, principal asesor de la Cancillería y, por ende, de Saguier, en las negociadores que culminaron el 24 de mayo 2019.
El contenido del Acta pudo conocerse mediante al renuncia y las revelaciones que la rodearon, tanto que el protagonista más temido -tal vez por eso frecuentemente ignorado- en este tipo de acontecimientos no tardo en aparecer: la ciudadanía, hasta con persistentes y nutridas manifestaciones callejeras.
Las rachas de disconformidad popular comenzaron a soplar con fuerza, tanto que arrastraron a Mario Abdo Benítez hasta la antesala de l juicio político, del que pudo salvarse gracias a la intervención a su favor del expresidente Horacio Cartes.
La fuerza del rechazo, empero, quedó demostrada con la destitución del entonces canciller, Luis Castiglioni, del embajador Hugo Saguier, del director general paraguayo de Itaipú, José A. Alderete, de la directora financiera, Mónica Pérez y del técnico José Sánchez T.
¿Qué contenía el Acta?
En primer lugar el retorno desembozado a las prácticas stronistas del la “diplomacia entre cuatro paredes”.
En segundo lugar (Art. I) , el esquema de contratación de potencia, cuya vigencia se extendía hasta el 2023, que obligaba a la ANDE a una mayor contratación de energía garantizada sobre la adicional, que se traduciría a la empresa eléctrica, en rigor a sus usuarios, en una erogación adicional de US$ 300 millones.
En tercer lugar (Art. III.a), dejaba, en la práctica, en manos del director técnico brasileño, cargo con verdadero poder de decisión sobre la producción de Itaipú, en manos del Brasil desde 1974, maniobrar con los caudales del embalse, soslayando, inclusive contra el Tratado, a los máximos colegiados de la pirámide administrativa de la entidad, como el Directorio Ejecutivo y el Consejo de Administración.
La relevancia de esta inesperada atribución, cobra irrefutable evidencia en estos tiempos de “histórica sequía” que castiga a la cuenca del río Paraná.
Un cuarto aspecto, que no debe pasarse por alto en cualquier examen retrospectivo, se relaciona con el punto que había integrado la ANDE al documento, pero finalmente excluido a espaldas de sus administradores: la posibilidad de una colocación directa de la energía paraguaya en Itaipú en el mercado brasileño.
Trascendió que de esa riquísima veta intentaron apropiarse empresas brasileñas, con el padrinazgo y la sociedad de funcionarios de ambos gobiernos.
En el nombre del abogado José Rodríguez González (Joselo) fue la cara visible de esta ocultada faceta de las negociaciones de 2019.
¿Mejoró con Villordo?
El 13 de diciembre del año pasado, finalmente, la ANDE, Eletrobras e Itaipú, firmaron los documentos que sustituyen al “Acta bilateral”: la Carta convenio entre ANDE e Itaipú y la Carta compromiso entre Itaipú y Electrobras, en definitiva, de contratación de potencia, cuyos montos anuales si los compara con los que estuvieron vigentes, también implicaran para la ANDE una factura mayor, la que, seguramente, más temprano que tarde descargará sobre las espaldas de sus usuarios.
Si estas negociaciones pueden tomarse como el “polígono de pruebas” del Gobierno paraguayo para afrontar el desafío del 2023, la información disponible, inclusive ciertas “conclusiones preliminares”, empujan hacia el delicado territorio de la desconfianza, e inclusive de la desesperanza.
Entre el 13 de agosto de 2023, fecha de vencimiento del plazo de 50 años que impusieron a nuestro país para que las disposiciones del Anexo C del Tratado de Itaipú sean revisadas quedan 1031 días, días, para colmo de males, sobrecargados con las secuelas del covid-19. Nos obstante, reiteremos, el 2023 debe aprovecharse para que nuestro país conquiste la disponibilidad plena de su energía en Itaipú y que si su socio Brasil quiere seguir aprovechando la parte que no usa, que el pague el “justo precio” acordado en el Acta de Foz de Yguazú y en el mismo Tratado.
ANDE cierra su agencia de CDE
La Administración Nacional de Electricidad, comunicado mediante, informó ayer que su agencia regional del Alto Paraná, así como de sus unidades dependientes estarán cerradas temporalmente, de acuerdo con lo dispuesto por el decreto 3942.
Añaden sus oficinas de prensa que “la atención de los reclamos por falta de energía eléctrica de los usuarios será garantizada, así como la lectura de los medidores en todas las zonas afectadas por las medidas establecidas en el marco de la cuarentena”.
El cierre, en principio, es hasta el día 23 del presente mes.