El Ministerio de Justicia cuenta en todo el territorio con 18 centros penitenciarios, con una capacidad para albergar a 9.511 internos (ver infografía), pero la población penal actual es de 13.748 reos, de los cuales solo 4.014 son personas condenadas y el resto, es decir 9.734, son internos procesados, según datos actualizados hasta el viernes último, proveídos por la propia cartera estatal.
Estas cifras muestran que solo con los procesados ya se supera la capacidad total del sistema penitenciario nacional y que la diferencia de disponibilidad existente es de 4.138, con lo que el índice de ocupación es de 1,45. Para ser más prácticos, podemos decir que el lugar que debe ser ocupado por dos reclusos está siendo habitado por casi tres internos, en condiciones hasta inhumanas.
Covid-19 empeoró crisis
El 16 de junio de 2019 estalló la crisis penitenciaria con la toma de la cárcel de San Pedro por miembros del Primer Comando da Capital, quienes se enfrentaron con los internos del Clan Rotela, derivando en la muerte de 10 personas. El hecho evidenció la corrupción imperante en el sistema penitenciario, que además de las autoridades carcelarias también mostró la complicidad de los jueces, que beneficiaban a internos, procesados y condenados, con privilegios por los que estos pagaban millonarias sumas de dinero.
A ese hecho se sumó la fuga de 76 reos de la cárcel de Pedro Juan Caballero, entre ellos líderes de la facción criminal brasileña PCC, que se produjo el 19 de enero de 2020, ya bajo la administración de Cecilia Pérez.
El 7 de marzo último, en plena emergencia penitenciaria, se confirmó el primer caso de coronavirus en Paraguay y posteriormente se decretó la cuarentena total para evitar la propagación del virus. Las visitas en las cárceles fueron suspendidas, buscando prevenir el contagio masivo.
A inicios del mes de mayo la Corte Suprema de Justicia instó a los jueces a no abusar con la prisión preventiva, a fin de evitar seguir cargando los centros penitenciarios.
“Exhortamos a los jueces que no decreten más prisión preventiva, porque también la prisión preventiva se ha volcado a una práctica perversa de aplicarse como primera ratio cuando debería ser excepcional”, había manifestado la ministra María Carolina Llanes.
Aclaró a sus colegas que “la idea tampoco es abrir la puerta y que salgan todos” y que en la máxima instancia judicial tienen el compromiso de dar respuesta jurídica en cada caso.
Sin embargo, son muchos los jueces de garantías que siguen dictando la prisión preventiva, con el criterio de que los procesados deben estar encerrados “porque es la única forma que aprendan”, según expresó un magistrado al ser consultado sobre la insistencia con la medida cautelar.
Proyecto del MJ fue descartado
El viernes último el Poder Ejecutivo vetó la ley de libertad condicional que el Congreso había sancionado.
La ministra Cecilia Pérez advirtió al presidente Mario Abdo que la normativa es inaplicable y lamentó que los legisladores hayan archivado el proyecto que fue elaborado por funcionarios técnicos de la cartera a su cargo.