Los próximos tres años de Gobierno de Mario Abdo Benítez serán muy difíciles no solamente por los efectos de la pandemia en la economía y en la salud pública de la ciudadanía, sino también por deficiencias internas propias, la corrupción galopante que no encuentra freno y los pactos políticos que comprometen seriamente la institucionalidad de la República.
1. La pandemia del covid-19 destrozó el plan económico del país de varias décadas porque el Gobierno Nacional optó por el alto endeudamiento de más de G. 2.000 millones para enfrentar la cuarentena. Desde el 11 de marzo se le obligó a toda la población a quedarse en su casa, con lo cual se paralizaron casi todas las actividades del país, con algunas excepciones.
Ya el presupuesto público presentaba serios problemas como la incapacidad de responder a las reales necesidades sociales, porque el 78% de lo que se recaudaba iba a pagos de salarios y groseros beneficios en las instituciones públicas. Ahora la situación se agravó porque luego de 21 años el Estado volvió a recurrir a préstamos internacionales para pagar salarios, debido a la baja recaudación, como era de esperarse. Incluso se tuvo que modificar la Ley de Administración Financiera.
Según los expertos, recién en el 2022 se podría volver al tope del 1,5% del producto interno bruto (PIB), pero para ello se necesitarían un plan sustentable y simples programas de ayuda, que son importantes para salvar el día a día, pero no apuntan al problema real.
2. El ambiente político tampoco es de lo mejor y tiene fuerte incidencia en la vida económica porque contribuyó fuertemente a instalar el ambiente de incertidumbre y la falta de previsión, que son verdaderos “virus” cualquier plan de desarrollo.
El pacto de supuesta unidad entre el presidente Abdo Benítez y el exmandatario Horacio Cartes denota la pérdida de liderazgo del actual Jefe de Estado. Esto significa que no tiene vuelo propio y la administración del país dependerá del humor de un sector político y particularmente de Cartes.
En el 2021 se vienen las elecciones municipales y en Paraguay siempre constituye un peligro para las finanzas públicas porque implica más cargos para los “amigos del poder”, con el objetivo de ganar votos. Mientras tanto, siguen postergadas necesidades básicas en materia de salud pública, educación, infraestructura y otros servicios.
3. En el ámbito social, el desempleo creció más con la vuelta de miles de paraguayos provenientes de Argentina y Brasil, principalmente. Paralela o coincidentemente la inseguridad va creciendo, no hay respuestas concretas del Gobierno y de otros poderes del Estado para paliar de manera integral los efectos de la pandemia.
La reforma del Estado tenía que formar parte de las soluciones integrales, pero el Ejecutivo no está interesado porque le traerá problemas electorales graves.
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