Agregó que se dio demasiado énfasis en un enfoque por impacto mediático y no por mejora de la gestión. “Eso se nota porque pasaron dos años sin que algunos pasos obvios se den”, apuntó. En ese sentido, manifestó que sabiendo que se contrató de más de Itaipú, y que el consumo interno se retraerá, no se está haciendo nada para crear nuevos consumos para usar la energía ya obligada a comprar.
Tampoco se cambiaron las tarifas injustas, producto del último aumento tarifario de la ANDE, a fin de incentivar el consumo de los grandes consumidores y así consumir más de nuestra energía de las binacionales, cuestionó.
Recordó que ANDE planteó al Congreso, pero no logró aprobar, una nueva tarifa social con mejor direccionamiento de los recursos hacia quienes lo requieren y no solo por consumo. “No impulsó suficientemente el uso de vehículos eléctricos. Hasta la fecha, casi todos los puestos de carga o no funcionan o funcionan a medias. Falta un régimen tarifario diferencial y un régimen de incentivos a la compra de vehículos 0 emisiones”, dijo.
Por otra parte, sugirió transparentar las adquisiciones públicas para un mejor uso de los recursos financieros escasos y adquirir en cantidad los materiales críticos para dar un buen servicio (alumbrado público, postes, cables).
Sobre las licitaciones concretadas y aquellas licitaciones canceladas o anuladas necesarias para el sistema eléctrico, Ferreira manifestó que parte del problema radica en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.
“Hay demasiada burocracia, errores en la forma de elección del adjudicatario (como el por suma de precio unitarios y la subasta a la baja) y precios de referencia (como el basado en presupuestos y no en precios de adquisiciones anteriores) que tienen errores muy obvios como si se quisiera dar caminos alternativos a la colusión y la corrupción”, detalló.
También cuestionó que gran parte es responsabilidad de la administración de la ANDE. “Se volvió a la elección de miembros del Comité de Evaluación de Ofertas a dedo, con probable conocimiento de los oferentes, mientras que en el 2018 habíamos cambiado a una selección por sorteo posterior a la apertura de ofertas, con presencia de los oferentes”, apuntó el ingeniero.
Criticó también que otra parte del problema es culpa de la soberbia de quienes, tal como el presidente saliente de ANDE, Luis Villordo, “entiendo que, por inseguridad, suspendieron licitaciones de alto impacto en la mejora del servicio, como la de transformadores de distribución, que hubiera permitido comprar equipos con 50% mayor potencia (150 kVA) a solo 20% más de costo unitario que los de 100 kVA”.
Para Ferreira, la crisis que se generó en la ANDE por la pandemia nace de la falta de planteamiento desde la estatal, en marzo. “Un planteamiento realista, justo y aplicable. Eso deriva en la falta de planteamiento del Ejecutivo al Congreso y se le fuerza a éste a realizar unas reglas sobre tablas. Las reglas aprobadas solucionan el problema de quienes consumen hasta 500 kWh al mes (aproximadamente 200.000 G.), dejando sin solución a quienes consumen 501 kWh en adelante, como si en la frontera no hubiera unos 300.000 clientes muy parecidos entre sí alrededor de la mágica frontera de 500”, cuestionó.
Dijo que la mezcla de esas reglas con la falta de lectura y una falta de consideración hacia quienes querían pagar o reclamar sus facturas, incendió la indignación.
Recomienda, para solucionar el problema de frontera, exonerar los primeros 500 kWh a los que consumen hasta 600, los primeros 400 kWh a los que consumen hasta 700 o cualquier solución que no discrimine tanto el tratamiento entre vecinos.
“La propuesta debe venir de la ANDE, que ya no puede vivir en una burbuja como si toda la ciudadanía estuviera con el mismo nivel de ingresos que el año pasado y a la vez, sabe qué puede y qué no puede hacer su sistema informático. Las facturas mal hechas deben anularse y no pretender ser cobradas, todo por consumos reales de los últimos seis meses”, concluyó.