A través del Decreto N° 3920, el Poder Ejecutivo suspende temporalmente la aplicación de la Ley 5414/15 de la promoción de la disminución del uso de bolsas de plástico de un solo uso. Esto se da un día antes de la reunión prevista entre representantes del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología del Paraguay (INTN), de la Cámara Industrial Paraguaya de Plásticos y de la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu), donde tenían previsto definir el mecanismo de implementación.
Basándose en el artículo 9 de la normativa, que establece que “la presente ley no será aplicable cuando por cuestiones de seguridad alimentaria o sanitaria fuera necesaria la utilización de bolsas de polietileno u otro material plástico convencional”, el Ejecutivo postergó hasta enero del 2021 la entrada en vigencia.
Si bien el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) pidió en julio de este año una prórroga de seis meses para su entrada en vigencia, la Cámara de Apelaciones resolvió extender, pero en el plazo de 90 días corridos el periodo para el cumplimiento de la ley, contados desde la fecha de notificación de la sentencia definitiva de primera instancia, que fue el 9 de junio. La fiscalización del cumplimiento iba a regir desde el 9 de setiembre.
El pedido de extensión se había elevado a pedido de la Cámara Paraguaya de la Industria Plástica, que argumentó que no están dadas las condiciones para la aplicación de la normativa y que esto afectaría miles de puestos de trabajo. Tras este dictamen del tribular, el MIC podía haber elevado a la Corte o bien pedir una modificación de la ley en el Congreso.
Considerando que se trata de un plazo judicial, los amparistas pueden reclamar desacato, ya que está fuera del espectro del Ejecutivo. El INTN y el MIC tuvieron cinco años -desde la promulgación de la ley en el 2015- para acompañar la implementación. Hasta el momento, ni siquiera hay normas para certificar las bolsas reutilizables en el país. Desde ahora, ambas instituciones tienen cinco meses para ajustar los detalles de la normativa, que debe establecer los precios de las bolsas, mecanismo de aplicación de la ley, entre otros aspectos.