El 29 de junio pasado, luego de la reunión entre la fiscala general Sandra Quiñónez; el contralor general Camilo Benítez y el viceministro de Tributación, Oscar Orué, el Ministerio Público dio a conocer un informe en el cual dejó sentada su postura con respecto a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos.
La Fiscalía General sostuvo que la sola publicación de los ingresos y egresos de las ex y actuales autoridades no pueden motivar la intervención de oficio de la institución que representa a la sociedad. Enfatizó que “el Ministerio Público estará obligado a promover la acción penal pública de hechos punibles que lleguen a su conocimiento, siempre que haya suficientes indicios fácticos de la existencia de los mismos”.
La fiscala de Delitos Económicos había declarado a ABC que la Fiscalía no es un órgano de control. “Debería iniciar de oficio una investigación si se dan hechos que podrían constituir hechos punibles, luego de los órganos de control hayan desplegado sus funciones; o en su defecto, que lleguen a su conocimiento evidencias que indiquen una conducta penalmente relevante, y ello sea evidente, ya sea a través de una denuncia, una publicación, una intervención policial o por cualquier otro medio”, resaltó la agente.
Una investigación realizada por nuestro diario reveló que el concejal de Lambaré Luis Paciello (yerno
del expresidente y actual senador Fernando Lugo), tuvo un grosero enriquecimiento. Los bienes adquiridos por el funcionario de la binacional Yacyretá luego de la destitución de Lugo, no se compadece con sus ingresos, lo cual genera sospechas sobre su millonario patrimonio.
Antecedentes
Paciello Lacasa se convirtió en empresario inmobiliario. Entre noviembre de 2012 y enero de 2016, Paciello creó cuatro empresas y adquirió doce inmuebles distribuidos entre Asunción, Lambaré y San Bernardino.
El actual concejal lambareño y también funcionario de Yacyretá aparece vinculado a las firmas Gastos Comunes SA, Mi Mina SA, Pangea SA e IJT SA.
Ninguna de estas empresas aparece en su declaración jurada presentada en enero de 2016 ante la Contraloría.
La no inclusión de todos los datos patrimoniales podría representar declaración jurada falsa. Sin embargo, hasta ahora se desconoce que la Contraloría General, cuyo titular es el abogado Camilo Benítez, haya iniciado un estudio de la correspondencia de bienes de Paciello u otro proceso administrativo para determinar si hizo o no declaración falsa, penado en la ley.
Las empresas de Paciello movieron en caja alrededor de G. 7.500 millones.
Al millonario movimiento se deben sumar además las llamativas compras inmobiliarias que realizó.
Entre noviembre de 2012 y agosto de 2013 adquirió al menos nueve inmuebles. Pagó US$ 200.000 en efectivo por dos departamentos en el edificio Lafayette, cuando declaró percibir apenas el sueldo mínimo.
A pesar de las publicaciones que revelan datos no declarados y un crecimiento patrimonial galopante, el Ministerio Público se llamó a silencio.
La Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, a cargo de la fiscala adjunta Soledad Machuca, no abrió siquiera una investigación sobre el llamativo crecimiento patrimonial del yerno del expresidente Lugo.
Incongruencia
En agosto de 2013, la supuesta hija y el yerno del expresidente Lugo adquirieron dos lotes de 961 metros cuadrados cada uno, ubicados en el distrito Santa María de Asunción, de la capital (Itá Enramada). Los lotes están a orillas del río Paraguay.
Sobre los 2.000 metros cuadrados se levanta una casa principal de dos pisos con amplio patio frontal.
En el patio trasero hay piscina tipo sinfín con vista directa al río Paraguay. En registros notariales, la pareja hizo constar que pagó US$ 100.000 por los dos lotes. La incongruencia salta cuando en declaración jurada Paciello le da un valor de G. 442 millones.