A su criterio es un modelo que ya acabó, en donde el Estado con los ingresos corrientes financia los gastos corrientes y las deudas financian los gastos de capital, por lo que insistió que urge resolver el problema del déficit fiscal.
Explicó a ABC que la pandemia del covid-19 adelantó un problema que posiblemente se iba a registrar en el año 2027 o más adelante, y ante esta situación no queda otra alternativa que ajustarse fuertemente los cinturones. Afirmó que el ajuste de cinturón no implica sólo evitar seguir endeudándonos para cubrir gastos corrientes, sino también reducir las inversiones en obras y, en ese contexto, señaló que se deberán buscar otras alternativas para el gasto de capital.
Ferreira expresó que el próximo año la recaudación tributaria no se va a recuperar, porque este 2020 se tienen problemas con el IVA y el próximo será el impuesto a la renta, pero en contrapartida se tendrá una fuerte presión en el pago de los intereses de la deuda. En ese sentido, recordó que en 2023 vence la primera partida de bonos por US$ 780 millones.
El exministro de Hacienda insistió en que se debe implementar un “durísimo ajuste de cinturón” y coincide que con otros economistas, como César Barreto, de que se debe recortar gastos corrientes, congelar todos los salarios, cero contrataciones y nombramientos, entre otras medidas.
“Tenemos que generar recortes sumamente importantes para que tener un espacio fiscal y poder cubrir con lo que ya tenemos y converger hacía un déficit fiscal razonable en el mediano plazo, para que ese déficit fiscal no nos genere otro tipo de problemas”, argumentó.
Sostuvo que si tenemos un déficit fiscal de esa índole, nos vamos encontrar con problemas serios de inflación en un momento dado, no hoy ni el año que viene, sino que posiblemente en 2022.
Ferreira expresó que se debe volver al tope de déficit fiscal de 1,5% del PIB establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal lo antes posible, aunque considera que difícilmente se pueda lograr esta meta porque se tendrá que elegir dónde liberar los fondos y ahí es donde el modelo utilizado por el Estado llegó a su fin.
El exministro puntualizó que después de 21 años el Estado volvió a cubrir gastos corrientes, que incluye los salarios públicos, con deudas.
Dijo que tipo de operaciones se realizaron hasta 1999 y que posteriormente se aprobó la Ley Nº 1535/99 de Administración Financiera del Estado, que lo prohibe.
Esta referida ley en su artículo 40 dispone claramente que “se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes”, pero esta disposición fue suspendida temporalmente en su aplicación a través de la ley de Emergencia Sanitaria.
Mediante la ley de Emergencia se destinaron US$ 315 millones para salarios en los últimos meses.
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