Ferreira, apoderado de la firma Insumos Médicos Sociedad Anónima (Imedic SA), quien enfrenta proceso penal tras la denuncia del Ministerio de Salud, recusó y a la vez denunció ante el JEM a los camaristas de la 3ª Sala José Waldir Servín y Cristóbal Sánchez, por parcialismo y por haber emitido preopinión, supuestamente.
Servín y Sánchez integran la 1ª Sala en sustitución de los inhibidos Gustavo Ocampos y Pedro Mayor Martínez, respectivamente.
A su vez, Servín y Sánchez, como miembros naturales de la 3ª Sala, habían anulado el arresto domiciliario que benefició a Patricia Ferreira Pascottini, en un primer proceso penal por producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal. La denunciante en este caso es la multinacional Eurofarma.
Servín y Sánchez rechazan las acusaciones del recusante Ferreira y la denunciante ante el JEM, Andrea Bogado.
Alegan que no preopinaron porque no se refirieron al fondo del caso.
La nulidad del arresto domiciliario que decretaron fue porque la jueza Lici Sánchez notificó con 10 minutos de antelación a la Fiscalía la audiencia de imposición de medidas, lo que motivó que los fiscales Sussy Riquelme y Marcelo Pecci no puedan participar de la diligencia.
Ante la nulidad del fallo, la defensa planteó aclaratoria que la Cámara debe resolver.
En el otro proceso que incluye a Justo Ferreira y Patricia Ferreira, los magistrados Servín y Sánchez vuelven a integrar pero la 1ª Sala de la Cámara y es para estudiar la recusación que promovió el abogado defensor Andrés Vicente Casati contra el juez penal de garantías José Agustín Delmás, quien en caso de ser confirmado, debe realizar la audiencia de imposición para los imputados.
La Fiscalía en este proceso por contrabando, producción de documentos no auténticos y asociación criminal solicitó prisión preventiva. Es por eso que los imputados están chicaneando para dilatar la audiencia de imposición de medidas.
Pedidos de informes del JEM
-El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) ante la denuncia-acusación que promovió el abogado Andrés Casati en representación de Justo Ferreira, contra el juez José Agustín Delmás, por no apartarse del caso de contrabando y otros delitos, el miembro de este órgano juzgador Adrián Salas, solicitó informes a los jueces Humberto Otazú y Clara Ruiz Díaz. Delmás se había apartado de Casati en otros casos, pero el juez considera que la causal ha desaparecido.