Diputados colorados y opositores, que forman parte de la comisión de Legislación, dictaminaron por el rechazo del proyecto de ley presentado por el senador Derlis Osorio (ANR, excartista), quien había fundamentado que la norma busca evitar situaciones de conflicto de intereses en la administración pública, donde personas adjudicadas en licitaciones acostumbran aparecer vinculadas a autoridades.
El diputado Jorge Ávalos Mariño (PLRA), titular de la comisión, fundamentó dicha postura y manifestó que con el rechazo del plan de ley se evitará la superposición de datos y la creación de un doble registro con los mismos informes respecto a los sujetos obligados en la declaración jurada de bienes y rentas.
A diferencia de la declaración jurada de bienes y rentas establecida en la Constitución, la declaración jurada de intereses se establece solamente para las autoridades que tengan cargos de responsabilidad.
Según el proyecto, la declaración deberá incluir detalles de derechos en empresas, sociedades u otras entidades en las que se posea alguna clase de participación patrimonial, en el país o en el exterior, sea en administración o en capital.
También debe incluir detalles de participación en juntas de directores, consejos de administración y vigilancia o cualquier cuerpo colegiado, sea remunerado o por cargo honorario.
El Frente Parlamentario contra la Corrupción y la Impunidad, presidido por la diputada Kattya González (PEN), entiende que la ley actual debe sufrir adecuaciones mediante un proyecto de modificación de la ley vigente, a fin incorporar la declaración jurada de intereses como obligación legal.
Los miembros de aquel grupo cuestionan la publicidad en el proyecto de ley y señalan que los datos de terceros no funcionarios públicos (familiares) quedarían expuestos, dado que no dejan de ser particulares y a los cuales el artículo 104 de la Constitución Nacional no contempla como sujetos obligados.
Objetan que el proyecto de ley no establezca una determinación precisa de lo que sería un conflicto de intereses. Asimismo, señalan que la Contraloría no tendrá la capacidad de recursos humanos y presupuestarios para hacer los controles para el cumplimiento de la norma.