Fiscales apelan el blanqueo de McLeod

CIUDAD DEL ESTE. (De nuestra redacción regional). Los fiscales Francisco Cabrera, Diego Arzamendia y Natalia Fúster apelaron ayer el sobreseimiento definitivo de la exintendente Sandra McLeod de Zacarías (ANR, cartista), en el caso de licitaciones amañadas en la Municipalidad de Ciudad del Este.

Sandra McLeod de Zacarías, exintendenta de Ciudad del Este, beneficiada con blanqueos sucesivos.
Francisco Cabrera, uno de los fiscales que lleva adelante una de las causas que afecta a la exintendenta McLeod.
Tedolina María de Fátima Burró Franco, cuestionada jueza que blanqueó a la exintendenta McLeod.
audima

Los fiscales presentaron el escrito de apelación en el juzgado penal de Garantías, a cargo de Tedolina María de Fátima Burró Franco.

La magistrada Burró Franco había dictado una resolución en fecha 17 de julio de 2020, por la cual la exjefa comunal fue sobreseída de forma definitiva en un proceso penal por lesión de confianza.

El blanqueo también alcanzó a los coimputados David Espínola, exdirector de Finanzas de la Municipalidad; Genaro García, exauditor interno de la Comuna; Nilsa Paiva y Vicente Rodríguez, exfuncionarios de la Dirección de Desarrollo Social; y Marcos Aurelio González Escurra, quien aparece como dueño de la empresa de maletín MG Decoraciones.

Los fiscales consideraron que la decisión de Burró Franco no se ajusta al ordenamiento jurídico y solicitaron al Tribunal de Apelaciones la nulidad del sobreseimiento definitivo.

Para justificar el sobreseimiento, la jueza Burró Franco alegó que los agentes del Ministerio Público fueron negligentes en la tarea investigativa al no cerrar el caso en un año. La Fiscalía había solicitado el sobreseimiento provisional como una estrategia para contar con un año más de plazo para practicar 26 diligencias pendientes.

Los fiscales en su escrito resaltaron la complejidad de la investigación, ya que abarca varios ejercicios presupuestarios, contenido en un voluminoso archivo contable y otras documentaciones.

La jueza Burró Franco otorgó impunidad a los procesados, pese a un demoledor informe de auditoría practicada por la Contraloría General de la República que reveló 90 irregularidades en la gestión de McLeod de Zacarías solo en el período 2018.

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