Uno de los casos más recientes liga al agente fiscal Juan Daniel Benítez, titular de la unidad N° 3 “especializada de lucha contra el abigeato”, a la asistente Paola Martínez y al chofer Juan Gabriel Argüello a un caso de supuesta extorsión, hurto agravado y privación ilegítima de libertad, denunciado por el chofer de un camión Óscar Aguilera.
El grave hecho, donde también están implicados varios policías, ocurrió el 3 de julio pasado, sobre la ruta PY03, en el lugar conocido como “bajada de la muerte”, a unos kilómetros de Curuguaty.
El denunciante dijo que una comitiva fiscal policial lo detuvo y lo despojó de una carga de cuero y azúcar, cuyo peso estimado sería de 26.000 kilos, que transportaba de Pindoty Porã a Yrybucuá. Aseguró que sus captores uniformados le mantuvieron en una vivienda particular en uno de los barrios de Curuguaty, para luego, en horas de la noche devolverle el rodado sin la carga en la ciudad de Yasy Cañy. Parte de la carga que habría sido vendida por la comitiva fiscal policial ya fue recuperada.
La Fiscalía General del Estado asignó al fiscal anticorrupción Leonardi Guerrero para investigar el hecho.
La funcionaria Paola Martínez y el chofer Juan Gabriel Argüello, alias Paraguarí, también fueron mencionados en una denuncia por supuesta extorsión, realizada por el comerciante Darío Miguel Aguilar Garcete, de Curuguaty.
En dicha denuncia también fue salpicado el agente fiscal Juan Daniel Benítez. Se trata de un pedido de coima de G. 3 millones, que, según el denunciante, finalmente tuvo que abonar para evitar ser imputado por supuesta violación de la cuarentena. El hecho habría ocurrido el 1 de mayo pasado. La asistente Martínez fue sumariada a raíz del hecho que está siendo investigado.
El agente fiscal Juan Daniel Benítez, igualmente, está siendo investigado por orden de la Fiscalía General del Estado, luego de haber liberado sin imputar a Édgar Demérito Jara Martínez, de 34 años, y Walter Ramón Franco Arial, de 30. Estas personas habrían sido liberadas antes de las 24 horas de haber sido detenidos, luego de un supuesto enfrentamiento con la policía en zona de Villa Ygatimí.
Para colmo, estas dos personas, 5 días después de su liberación, habrían asesinado a un sexagenario de nombre Ignacio Ramón Mélida Chávez (60). El hecho es de agosto del año pasado y ocurrió en el barrio “Loma Clavel” de Villa Ygatimí. Esta actuación fiscal es investigada paralelamente por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), hasta donde realizaron la denuncia los familiares del hombre muerto.
Otro sonado caso que involucra al agente fiscal Juan Daniel Benítez, es el reciente blanqueamiento al intendente de Yby Pytã, Rubén González (PLRA), en complicidad con el juez Ramón Alberto Florentín. El magistrado otorgó criterio de oportunidad al jefe comunal a pedido de Benítez, quien no imputó al político luego de haber sido aprehendido conduciendo un vehículo “mau” en el kilómetro 35 de la Ruta PY03, en fecha 21 de marzo pasado.
El juez Florentina estaba obligado a dar trámite de oposición, cuando el requerimiento no corresponde, para que la Fiscalía General ratifique o rectifique el requerimiento del inferior. Al no hacerlo, permitió el blanqueo cómplice y la impunidad del grave hecho que involucra a un hombre público.
Narcotráfico y arma
El funcionario Wilson David Talavera Torales (37), auxiliar de la unidad N° 3, que corresponde al agente fiscal Juan Daniel Benítez, está siendo procesado luego de supuestamente fuera pescado transportando marihuana en un vehículo que se le había entregado en carácter de depositario judicial, en el 2016. Torales anduvo prófugo, hasta que finalmente se presentó el 30 de marzo y el juez Ramón Alberto Florentín ordenó su detención.
La asistente Alba Leticia Bogado Candia, de la Unidad Especializada en la Lucha Contra el Narcotráfico de la Fiscalía de Curuguaty, está siendo procesada por el supuesto hecho punible de quebrantamiento de depósito, sospechada de vender un arma de fuego, pistola DB-FS-Nine, que se había incautado en diciembre de 2018 con un cargador en la causa 2269/18 y que estaba a cargo de la funcionaria investigada.
A su vez, el funcionario Claudio Vázquez fue imputado por el agente fiscal Vicente Rodríguez en el año 2016 por los supuestos hechos de coacción grave y cohecho pasivo agravado. Dicho funcionario contaba con otra denuncia similar en la unidad del fallecido juez Carlos Martínez. Supuestamente, Vázquez fungió de gestor y pidió dinero. El trabajador público hasta ahora no pisó la cárcel.
Mientras, el cuestionado agente fiscal Lucrecio Cabrera, quien ya pudo zafar de dos denuncias ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, sería finalmente asignado en otra región del país. Su primer proceso fue por supuestamente acompañar el ataque a una comunidad indígena “Jejyty Mirî Canindeyú”, y otro por liberar en tiempo récord a un chofer y minibús que transportaba droga.
Cabrera también fue señalado fuertemente en el proceso judicial contra el exconcejal municipal de Curuguaty Alberto Fernández (ANR), quien fue detenido en el Congreso Nacional en mayo del año 2017 por supuesta violación a la Ley 1340/88, que guarda relación con la quema de más de 7.000 kilos de marihuana en una propiedad, en la colonia Maracaná.
El mencionado fiscal asumió la investigación a mitad de camino, y por su pobre y llamativa actuación, el apuntado como responsable de aquel caso fue absuelto de culpa y pena en juicio oral y público por el tribunal presidido por el magistrado Ramón Trinidad Zelaya de Salto del Guairá.
Para colmo de males, la fiscalía de Curuguaty funciona en un local alquilado, de muy mal aspecto, que ahora está en venta. Además, la firma Erna SRL, propietaria del depósito de evidencias de la fiscalía local, canceló el contrato de alquiler por el mal uso que dieron al edificio, que se quedó casi en ruina, según comentaron allegados a los dueños.