El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis, impulsor del proyecto de ley para anular las facturas de ANDE y Essap durante la pandemia, dijo que en el caso de la ANDE, la propuesta alternativa debe incluir a usuarios con un consumo de hasta 1.000 kw mensuales, equivalente a G. 442.000.
El objetivo es que la exoneración llegue a la clase media y a las mipymes, señaló Buzarquis y serían unos US$ 24 millones por mes para un total de US$ 72 millones. Según el legislador, los recursos podrían salir de la ley de emergencia financiera aprobada al inicio de la pandemia, de los que hay aún un remanente de US$ 900 millones.
Sostuvo que, de hecho, dicha ley faculta al Ejecutivo a reprogramar los recursos asignados a los diferentes programas y proyectos.
Buzarquis dijo que, desde su punto de vista, el Ejecutivo lo puede hacer a través de un decreto y con eso “se soluciona el problema”.
De no haber una propuesta alternativa antes del jueves, se ratificarían en la ley vetada por el Ejecutivo, señaló Buzarquis.
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasu), presidenta de la comisión de Hacienda y Presupuesto, dijo que hay predisposición para aceptar el veto del Ejecutivo, pero que aguardarán la propuesta alternativa de la ANDE.
La reunión entre senadores y autoridades de varios entes se realizó de manera mixta, virtual y presencial, ayer en la sala bicameral del Congreso. Fue presidida por la senadora Martínez y la mayoría de los legisladores participó a distancia.
Participaron de manera presencial Luis Villordo, presidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Natalicio Chase, presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), Cristina Muñoz, presidenta del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Erssan), Sante Erico Piero Vallese, presidente de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) y Sara Inés López, presidenta de Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental (Senasa).
Villordo insistió en la inviabilidad de la ley, ya que dejaría sin recursos a la ANDE para su funcionamiento.
El funcionario había ya indicado anteriormente que de hacerse efectiva la normativa, tendrá un impacto de US$ 300 millones en el flujo de caja de la ANDE y eso implicaría dejar de pagar tanto a las entidades binacionales como a otros proveedores.
La senadora Martínez dijo que conversó de este mismo tema ayer con el ministro de Hacienda Benigno López, a quien le dijo que estaba en sus manos encontrar una solución.
Agregó que la propuesta que venga se podría tratar en plenaria el jueves, antes de tratar el veto.