El sistema judicial sigue favoreciendo la impunidad de políticos salpicados por escandalosos casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y hasta lavado de dinero.
Todo esto se da precisamente en los meses previos a que el Paraguay sea sometido a un examen por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).
Precisamente la efectividad de los procesos judiciales para castigar a quienes están salpicados por casos así forman parte de los ítems que analiza el organismo intergubernamental.
Una evaluación negativa podría enviar a Paraguay nuevamente a la lista gris de países con bajo control para la lucha contra el blanqueo de activos, lo que significaría reducción para la capacidad de adquirir préstamos internacionales, emisión de bonos y hasta para competir en mercados del extranjero.
El caso más reciente de blanqueo fue el del clan Zacarías Irún, que consiguió llamativos sobreseimientos con apenas semanas de diferencia. Pero es apenas un caso más de los varios que han causado indignación en la ciudadanía.
Hasta ahora, por ejemplo, la justicia paraguaya no ha investigado del todo los contactos políticos y económicos de Darío Messer en nuestro país, a pesar de que la Fiscalía del Brasil apunta a que el empresario fue favorecido hasta por el mismísimo expresidente de la República Horacio Cartes, quien lo calificaba como su “hermano del alma”.
Tampoco se supo nada más de los vínculos de los amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, con el supuesto blanqueo de activos de grupos señalados como terroristas por Estados Unidos.
El caso del clan González Daher y los G. 8 billones que movieron irregularmente también sigue pendiente. Y la lista suma y sigue.
En junio pasado, Paraguay ocupó uno de los últimos lugares del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2020.
“Algunos de los problemas de Paraguay son bien conocidos. La magnitud de su economía ilícita –incluyendo contrabando, narcotráfico y lavado de dinero– plantea un desafío único para fortalecer sus instituciones en la lucha contra la corrupción”, dice el informe.
Sobreseimientos para el clan ZI
El 22 de junio último, la jueza Cinthia Garcete Urunaga blanqueó al matrimonio cartista Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod en el caso Frontera Producciones, donde ambos desviaron G. 2.488 millones de la Comuna para pagar campañas proselitistas, como la de Santiago Peña, y pagar a periodistas.
La decisión fue duramente cuestionada por la Fiscalía, por la ciudadanía y hasta por otros legisladores.
Los fiscales del caso sostuvieron que la jueza se extralimitó en sus funciones al valorar pruebas ofrecidas, una atribución que corresponde exclusivamente al Tribunal de Sentencia.
Además, no se tuvieron en cuenta numerosos testimonios y evidencias presentados por los agentes fiscales que tuvieron que llevar adelante la causa mientras se analizaban las chicanas.
Llamativamente, la titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez, demoró en exceso para confirmar a la fiscal original del caso, Josefina Aghemo, quien había sido recusada por la defensa del clan ZI.
La misma jueza desvinculó a ambos de una segunda imputación por el desvío de G. 1.211 millones de la Municipalidad, también para propaganda política. En este último caso, McLeod obtuvo sobreseimiento provisional, mientras que el senador tuvo sobreseimiento definitivo en los dos casos.
Red del “hermano del alma” Messer
A más de dos años de que la justicia brasileña solicitara la captura internacional de Darío Messer, “hermano del alma” del expresidente paraguayo Horacio Cartes y considerado pieza clave del caso Lava Jato, la justicia paraguaya sigue sin investigar los nexos de la red de lavado que encabezó el doleiro en nuestro país.
La Fiscalía de Brasil solicitó el año pasado la captura de cerca de una decena de paraguayos, entre ellos el mismo Cartes por sus vínculos con esta red.
El informe de imputación (acusación, según los términos utilizados en los documentos de Brasil) señala que el expresidente Horacio Cartes tuvo activa participación en la organización criminal encabezada por Darío Messer. “Promovió, constituyó, financió e integró, personalmente, la organización criminal transaccional encabezada por DARÍO MESSER, que tenía como finalidad la comisión de distintos crímenes, tales como: cambio ilegal, evasión de divisas, corrupción, contrabando, falsedad documental y evasión fiscal, así como lavado de los recursos financieros obtenidos a través de esos delitos”, señala parte del informe en referencia a Cartes.
Durante el mandato de Cartes, Messer operó con tranquilidad en Paraguay y los organismos de control decidieron hacer la vista gorda a reiteradas denuncias.
El olvidado “expediente 68”
Un total de 437 tomos de documentos, evidencias y pericias copan toda una oficina de la Fiscalía. El expediente 68/14, por lavado de dinero y con posibles vínculos con el grupo terrorista Hezbollah, duerme. A cuatro años, no hay ni un solo imputado.
Operaciones de transferencias internacionales, boletas de cambio y arbitrajes, cheques emitidos, informes de Aduana, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), el Instituto de Previsión Social (IPS); reportes bancarios, casas de cambio y el Ministerio de Industria y Comercio; son algunos de los documentos incluidos en los 437 tomos.
Los biblioratos se encuentran en una oficina del edificio que el Ministerio Público tiene sobre Nuestra Señora de la Asunción, en la capital del país. Cuatro años de investigaciones referentes a 41 empresas “duermen” en ese lugar, aunque la causa ya pasó por 15 fiscales.
Las 41 empresas investigadas tienen como factor común a los comerciantes Ricardo Galeano, Walid Amine Sweid, Juan Carlos Sosa, Javier Vázquez y Víctor Manuel Taboada Serratti, aunque principalmente las pesquisas rondan en torno de los dos primeros. Sweid y Juan Carlos Sosa son amigos del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, con quien jugaban fútbol cuando este era fiscal en Ciudad del Este.
“Significativamente corruptos”
El exsenador Óscar González Daher (ANR, cartista) y el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón, ambos acusados por la justicia paraguaya, fueron considerados “significativamente corruptos” por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, que resolvió sacarles de por vida la visa de ingreso al país del Norte.
Según una nota difundida por el Departamento de Estado norteamericano, la medida se tomó por la participación de González Daher y Díaz Verón en hechos de corrupción significativos.
González Daher y Díaz Verón tienen el triste mérito de inaugurar en Paraguay una herramienta norteamericana, proveída por la Ley de Presupuesto de ese país.
El clan González Daher movió cerca de G. 8 billones en cinco años a través de diversas actividades como préstamos usurarios y alquileres. Tributación detectó una millonaria evasión.
Por su parte, el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón fue acusado en agosto de 2019 por supuesto enriquecimiento ilícito, y por presunto lavado de dinero su esposa, María Selva Morínigo.
El fiscal que le imputó realizó una pericia contable y esta resultó contundente: la pareja no puede justificar nada menos que G. 10.495.174.320 que movieron entre 2008 y 2017.