La mencionada compañía aparece en su manifestación de bienes presentada el 14 de julio de 2018 junto a Astillero Villa Hayes SA. El diputado realizó una rectificación de esta declaración jurada un año después, en 2019, y curiosamente ya sacó de sus activos a la empresa en cuestión.
Sin embargo, según los registros comerciales, Marca G, con RUC 80068942-9 tiene como dirección: Mariscal Estigarribia 1080 entre Brasil y Estados Unidos, de Asunción. Coincidentemente, esta misma ubicación corresponde a la Opaci, manejada desde el año 2006 por Bachi y luego por sus leales.
Otro punto llamativo es que en las documentaciones aparece como representante legal de Marca G, Félix Hernán Jiménez Castro, exdirector ejecutivo de la Opaci y extitular del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) durante el gobierno de Horacio Cartes.
Jiménez Castro llegó en 2015 a la presidencia de la entidad rectora de las cooperativas del país como representante de la Cooperativa San Cristóbal. Su nombramiento en ese entonces fue muy cuestionado por los cooperativistas porque pese a ser el menos votado durante la asamblea de los representantes logró la confirmación de Cartes.
La intermediación de Bachi, quien en ese entonces fungía de asesor político del presidente de la República, habría sido el soporte principal para la designación, según las denuncias.
Suma y sigue
El ente contralor publicó cuatro DD.JJ. del diputado Basilio “Bachi” Núñez (ANR, cartista), de las cuales dos corresponden a rectificaciones a la documentación del 14 de julio de 2018 cuando ingresó a la Cámara Baja. “Bachi” Núñez realizó las correcciones el 22 de junio de 2019 y el 18 de junio de 2020 argumentando que consignó mal algunos bienes y el valor, según la observación.
Sin embargo, el parlamentario en sus rectificaciones “olvidó” declarar cuatro inmuebles a título personal como también en condominio con su actual pareja, la concejal de Villa Hayes Nidia Lorena Cabrera Zaracho (ANR, cartista), según los registros del Servicio Nacional de Catastro (SNC).
Bachi también hizo figurar en su declaración jurada una propiedad municipal a la que habría accedido presuntamente de manera fraudulenta, según las documentaciones.