La jueza otorgó el sobreseimiento definitivo a los empresarios de Proibérica SA, tras hacer lugar a un incidente de extinción de la acción penal planteado por el abogado Federico Huttemann.
Los fiscales Luis Said, Francisco Cabrera y Rodrigo Estigarribia habían solicitado el rechazo de la petición de la defensa y la remisión del expediente a la Fiscalía General del Estado.
“Aquí ninguna de las partes discute si la acusación sea inconstitucional y nula. Ello es una verdad jurídica que no puede ser alterada por nadie porque existe resolución válida y firme en ese sentido. El único órgano jurisdiccionalmente competente (sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia) así lo declaró. Ello implica que existió una actuación negligente del Ministerio Público y dicha diligencia no está cubierta por el trámite del artículo 139 del CPP, por tanto, no corresponde el emplazamiento al superior jerárquico”, afirma la jueza, al precisar que la falta de indagatoria ocasionó la nulidad de la acusación.
La resolución a la que se refiere la magistrada fue dictada el 3 de mayo de 2018. En aquella oportunidad, la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió la inconstitucionalidad planteada por Casado y Lasso, anuló la elevación del caso a juicio oral y la resolución que rechazó la apelación.
El 30 de diciembre de 2019, en una aclaratoria, los ministros de la sala constitucional anularon también la acusación fiscal.
El abogado Guillermo Duarte Cacavelos, defensor del exministro del Interior Rafael Filizzola, destacó que la resolución de ayer beneficia a todos y en consecuencia, a su defendido.
En ese sentido, recordó que está pendiente que se declare inoficiosa la acción de inconstitucionalidad que planteó ante la Corte y una vez que baje el expediente a primera instancia se haría el trámite correspondiente.
No obstante la coyuntura favorable que hay para Filizzola, el letrado dijo que esperará a ver qué decisión toma la Fiscalía, pues existe la posibilidad de que apele esa decisión.
Esta causa se inició el 23 de mayo de 2013, por la compra de 4 helicópteros para la Policía Nacional en forma supuestamente irregular por G. 48.000 millones.
Argumento de la acusación fiscal
Para la Fiscalía, la lesión de confianza se configura cuando el MI compra cuatro helicópteros usados (dos de ellos inservibles), por la suma de G. 47.890 millones de la empresa Proibérica, que no cumplió con requisitos formales, como la presentación del certificado expedido por el fabricante de ser representante, importador, distribuidor oficial en Paraguay (de insumos y repuestos).