Seis funcionarios, más el administrador de dicho establecimiento fueron tomados de rehenes por aproximadamente tres horas por un grupo de campesinos armados, que irrumpió en el lugar, fungiendo ser policías. Los atacantes sometieron a agresiones físicas a los trabajadores de la hacienda y quemaron la casa principal con todos los artículos dentro, además de 5 motos y un tractor.
La Policía evitó ingresar al sitio durante la noche, porque había amenaza de una emboscada por parte de los delincuentes, que en ocasiones anteriores ya habían realizado disparos contra patrulleras de la Policía.
El fiscal Meiji Udagawa, quien intervino en el caso, dijo que no se descarta la participación de algún miembro del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en el violento hecho, considerando el modo en que actuaron, aunque es más probable que se trate de campesinos que se encuentran asentados en el lugar, reclamando parte de las tierras, que pertenecen a la familia del ingeniero Luis Sanabria.
Se sindica a Rubén Villalba, quien fuera condenado y luego absuelto en el caso Curuguaty y los hermanos Miguel y Rogelio Solís, de la comunidad Pindó, como los instigadores del ataque. De hecho, estas personas cuentan con órdenes de captura por otro ataque similar que habían realizado hace meses atrás, según informaron.
El administrador del establecimiento, Junior Shendel contó que los atacantes en todo momento se comunicaban en el idioma guaraní cerrado y fueron muy violentos. Aclaró que no pudo identificar a nadie porque utilizaron tapabocas, tampoco pudo observar alguna insignia del EPP.
Varios otros tractores, maquinarias agrícolas de alto valor que se encuentran en el lugar se salvaron de milagro y no fueron alcanzados por las llamas.
Fueron convocados para realizar levantamiento de evidencias personal de criminalística, Grupo Especial de Operaciones (GEO) y otras unidades policiales.
El establecimiento se encuentra aproximadamente a 12 kilómetros del casco céntrico de Yasy Cañy, y tiene una dimensión total de 1.700 hectáreas, de las cuales 1.000 hectáreas aproximadamente están ocupadas por grupos de campesinos considerados muy violentos.
Los labriegos vienen amenazando constantemente a los trabajadores de la estancia, después de que en enero de este año la policía reestableció la posesión a su propietario, que vienen intentando disponer de parte de sus tierras.