El pago de gratificaciones de la INC a funcionarios va en contra de lo dispuesto en la ley de emergencia y atenta contra la ciudadanía que ha sufrido merma en sus ingresos, mientras que los empleados de la misma son tratados como de una categoría privilegiada en este tiempo de pandemia, según denunció una fuente del sector estatal.
El denunciante acercó documentos de los concepto de liquidación, del 22 de junio del corriente, en el que se detallan pagos de salarios básicos, más gratificaciones que se sustentan en el artículo 7 de la resolución 37 de la presidencia de la cementera.
Por ejemplo, se detalla el pago de gratificaciones por un total de G. 385.350.227 a funcionarios de la planta de Vallemí, según la carta interna “D.R. Vall, número 63/ 2020” dirigida al departamento de Administración de Personal, con fecha 19 de junio 2020, referente a la remisión de planilla de pago del mes de junio, por resolución 37/2020, artículo 7, de funcionarios permanentes de la INC. El documento está firmado por el director de fábrica, Ing. Alberto E. Arias Cáceres; la jefa de Remuneración, Natalia Ruiz González; y el jefe de Administración de Personal, Lucio Ortiz Gaette.
Presidente de INC alega legalidad
Consultado sobre la denuncia, el presidente de la INC, Ing. Ernesto Benítez, aseguró en forma categórica que la INC viene cumpliendo estrictamente todas las normativas surgidas y relacionadas con la pandemia.
Benítez respondió que la INC han realizado los “recortes” dispuestos e inclusive internamente se resolvieron regulaciones en ciertos rubros. “Si bien la INC no había estado restringida por estar entre las instituciones exceptuadas de las prohibiciones generales, se realizaron los recortes a fin de asegurar los rubros suficientes para cumplir con compromisos como el pago de las cuotas de bonos soberanos, entre otros”, acotó.
También dijo que la INC no ha suspendido sus actividades durante la cuarentena, sin embargo, se mantuvo funcionando cumpliendo a rajatabla las normas sanitarias hasta hoy, y con menos recursos humanos.
Mencionó que los funcionarios se portan a la altura de las circunstancias para sostener el funcionamiento de las fábricas y el abastecimiento del mercado.
“La INC no ha pagado ni va a pagar monto alguno de dinero que no esté contemplado en las normas vigentes en esa materia, todo lo que paga en conceptos salariales está legalmente habilitado en la ley de presupuesto y tampoco soporta suspensiones o prohibiciones en alguna ley de aplicación circunstancial, sin olvidar que la empresa, por ser de fuente de financiamiento 30, es decir, recursos propios, no recibe transferencias de dinero del Estado en ningún concepto, al contrario, genera sus propios ingresos principalmente con la venta de cemento”, finalizó.