El Tribunal Electoral y Contencioso Administrativo del Guairá y Caazapá dictó el pasado 2 de julio la reposición de los ediles haciendo lugar a la medida cautelar solicitada por los afectados: Éver Méndez (FG), Camila Celeste Sarubbi y Humberto Ruiz (ANR).
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Uno de los concejales municipales expulsados por sus pares, Éver Méndez (FG), explicó que se presentaron con los otros colegas afectados para sesionar el lunes último, pero se encontraron con la sorpresa de que la Junta Municipal estaba cerrada para una desinfección por dos días.
“El cierre es por resolución 54/2020 supuestamente para combatir la propagación de COVID-19, pero la realidad es para evitar que recuperemos nuestros cargos”, señaló Méndez.
Llamativamente, la municipalidad administrada por el colorado Victoriano López también ordenó la desinfección total del edificio comunal y la presidenta Rojas no abrió las oficinas de la Junta Municipal para la desinfección.
Méndez dijo que en realidad no se necesita una fumigación contra COVID-19, sino un “exorcismo contra otro tipo de males. Una nueva denuncia por desacato judicial será una buena medida contra los males de la Junta Municipal”, agregó Méndez.
Además de los concejales que no pueden recuperar sus bancas, expulsados supuestamente por raboneros, también está pendiente la recuperación de su banca del concejal titular Nicolás Chamorro, quien había pedido permiso para ocupar otro cargo. El edil quiere volver, pero la plenaria se lo impide.
Por su parte, la presidenta Gladys Rojas dijo que no es para evitar que los colegas recuperen sus bancas, sino porque quieren cumplir el protocolo sanitario y que cuando la municipalidad fumigó no se pudo abrir las oficinas porque tenían documentos importantes en la Junta Municipal.