A finales del mes pasado, la firma PCG (Paraguay Consulting Group) Auditores y Consultores, representado por Gerardo Ruiz Godoy, entregó a la petrolera estatal el informe de la auditoría contable del ejercicio 2019, cuyo dictamen fue divulgado con el corte administrativo de la gestión de Patricia Samudio, quien renunció al cargo en abril pasado al verse acorralada por la Fiscalía por las compras de insumos médicos aparentemente sobrefacturados y vencidos.

Tras solicitud de nuestro diario, una copia de ese informe fue facilitado por la administración actual, a cargo de Denis Lichi. En el documento, la firma aclara que su trabajo permite brindar comentarios y sugerencias tendientes a mejorar el sistema de control interno vigente y no descubrir o señalar desfalcos u otras irregularidades, vale decir, no incluye lo sucedido con el escándalo de compra de insumos que terminó con la salida de Samudio.

No obstante, entre las observaciones hechas por los auditores están que detectaron un deficiente control interno, detallando acerca de la necesidad de una organización estratégica, con la creación de un manual de funciones con el objetivo de establecer las responsabilidades de las personas, ya que sin ello, existe el riesgo de actividades que no sean atendidas o controladas.

Tampoco existe un comité de auditoría conformado por el presidente, gerentes y el auditor interno de Petropar, que dicte las políticas de control y fije las penalidades por incumplimiento, además de establecer un plan de mejoramiento periódico.

También observa que no se realizan inventarios periódicos de bienes de cambio por personal independiente del área. “Puede existir faltantes no declarados y otras irregularidades de proceso sin que puedan ser detectados oportunamente”, advierte la auditoría.

En cuanto a los procesos contables, indica que no se implementa un manual de cuentas y procedimientos contables que defina las políticas contables y la dinámica de registro de operaciones. Alerta que de esta manera, “el contador o sus colaboradores no comprendan los procedimientos y la dinámica contable apropiados para registrar la actividad económica de la empresa de conformidad con las normas profesionales contables y las exigencias de la ley tributaria”.

Además, apunta a la necesidad de establecer estándares de gestión para comparar sobre la administración financiera, económica y de gestión. “Permitirá realizar análisis y evaluación de la gestión general”, sostiene.

En otro punto, los auditores señalan que no están identificadas y separadas a nivel contable las mercaderías deterioradas, averiadas o vencidas de los demás productos en buenas condiciones, que sin evaluación, se podría tener una expectativa errónea acerca de los bienes comercializables. El balance general, revela el aumento sistemático del pasivo.

Acerca de la contratación de personal, puntualiza que no existe una política al respecto, incluyendo el perfil del cargo, requerimientos técnicos, pruebas psicotécnicas, estratificación de salario y forma de remuneración y plan de carrera. “Las contrataciones pueden estar viciadas de costumbres inapropiadas, tales como nepotismo y amiguismo, debilitando la gestión general de cada departamento en el que es incorporado el nuevo funcionario”, opina.

Diferencia en las ventas

Referente a las ingresos, identifica una serie de discrepancias al comparar las ventas totales declaradas mensualmente en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con las ventas facturables declaradas, con una diferencia de G. 31.720 millones. “El importe resultado corresponde a asientos de reversión realizados en las ventas relacionadas a emisiones de notas de crédito en el rubro de ventas Tarjeta Petropar”. Aclara que este proceso cuenta con la implementación del nuevo sistema contable se sigue realizando de forma manual, cuando debería ser totalmente automatizado, razón que genera la diferencia.

En otra parte del reporte, los auditores observan que siguen pendientes las recomendaciones hechas en 2018 acerca del control interno a los sistemas de información y tecnología. Sostiene que no existe una definición escrita de la planificación estratégica de tecnologías de información y comunicación (TIC).

“La falta de un comité de informática no permite un adecuado control y vigilancia de las funciones y sus actividades”, afirma. Añade que no se determinaron los responsables por la custodia de los datos y la propiedad de los mismos, y que así se asume que el rol asume informática “lo cual permite a que pueda desarrollar determinadas funciones con muy débil control de las áreas operativas”.

“No cuenta con una evaluación de la propiedad de los datos, de los niveles críticos , confidenciales y de acceso general de usuarios”, sostiene y añade que el riesgo es que Petropar se encuentre sometida a posibles situaciones de emergencia, que podrían ocasionar perjuicios económicos o de imagen, como de intrusión, delitos, sabotaje, robo de información crítica, caída de sistema, entre otros.

Especifica que las funciones de seguridad física de los activos de la información corresponden al personal tercerizado de la empresa Infocenter. Por este servicio, Petropar pagó más de G. 5.243 millones, según consta en el portal de Contrataciones Públicas.

“No somos empresa de maletín”

El representante de la firma que estuvo a cargo de la firma auditora, Gerardo Ruiz Godoy, reconoció que compañía está sometida a una investigación fiscal por una denuncia hecha por evasión por la Subsecretaría de Tributación, en 2017, tal como publicó días pasados nuestro diario. Indicó al respecto que se trató de una persecución de la entonces titular de institución, Marta González, puesto que tiene su empresa consultora y busca apoderarse de su cartera de clientes.

“Nos vincularon a la investigación porque nos contrató una empresa investigada por la SET. Ruego que se desestime la causa y denunciarle a Marta González por denuncia falsa”, expresó en comunicación con ABC. Recalcó que no es una empresa de maletín, tal como lo acusó la SET en su momento.

Se trata de la causa que fue conocida como “mega evasión”, en la que la Fiscalía allanó once firmas en Asunción y Pedro Juan Caballero, ocasión en la que se incautaron de facturas aparentemente falsas, clonadas y “a confirmar”, por valor de 54 millones de dólares.

Consultados al respecto, los fiscales encargados de la causa, Josefina Aghemo y Francisco Cabrera, confirmaron a ABC que sigue abierta la investigación y que ninguna persona fue imputada. Especificaron que la firma a cargo de Ruiz Godoy aún no fue desvinculada de la causa pero que tampoco se encontraron elementos para imputarlo.

Sobre la contratación a la empresa para realizar la auditoría, Rosmary Medina y Rodrigo Irala, de la Unidad de Contrataciones Públicas de Petropar, explicaron que la firma auditora si bien está procesada por la Fiscalía, no cuenta con ningún impedimento establecido en la Ley N° 2051 de Contrataciones Públicas.

En diciembre último, Petropar firmó contrato con PCG para el servicio de auditoría externa, por G. 65 millones.