Los datos están accesibles ingresando aquí y en los primeros lugares se observan los documentos de dos conocidos de la Justicia: el diputado Miguel Cuevas y el senador Javier Zacarías Irún.
Entre los nombres también destacan los dos principales referentes del Ejecutivo: el actual presidente Mario Abdo Benítez, con tres declaraciones juradas hechas cuando aún era senador. También figuran los reportes del vicepresidente Hugo Velázquez.
En esta primera tanda se observan específicamente 2.961 documentos digitalizados, teniendo en cuenta que la mayoría cuenta con varios reportes.
Estas declaraciones fueron publicadas después de que la Corte Suprema de Justicia las haya declarado como información pública el pasado 11 de junio en una histórica sesión. Cabe resaltar que los documentos disponibles comprenden el periodo 1998-2017, que fue lo requerido hace tres años por el periodista de ABC Color, Juan Carlos Lezcano, con patrocinio del abogado Ezequiel Santagada, del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA).
Las declaraciones no tienen un orden lógico ni muestran cargos a simple vista. Uno tiene la opción de colocar el nombre de la persona o el número de documento para encontrarlas. Algunos archivos están especificados por año y los documentos, dependiendo de la época, están escritos a mano o ya digitalizados.
Las cerca de 3000 declaraciones juradas corresponden a un “colador” aplicado por Contraloría de las más altas autoridades del Estado. Cabe recordar que los funcionarios públicos, incluidas las autoridades, son más de 200.000.
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El derecho de libre acceso a la información está garantizado en el artículo 28 de la Constitución Nacional que el pasado domingo cumplió 28 años. Pasaron casi tres décadas para que se rompa el secretismo que permitió a numerosos corruptos enriquecerse mientras robaban calidad de vida al pueblo paraguayo.
Algunos intentaron frenar la publicación de estos documentos: el caso más alevoso se dio el 10 de junio, un día antes de la sesión de la Corte. Un total de 18 diputados buscaron, como último recurso, interferir en una decisión de la máxima instancia judicial para tratar de frenar la divulgación.
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Esa misma semana, los legisladores de la Cámara Baja aprobaron un proyecto de ley que despenalizaba la presentación de declaraciones juradas falsas, algo que afortunadamente fue vetado por el presidente de la República, Mario Abdo.