Autoridades del Comando de Artillería del Ejército de este municipio, a través de un comunicado, informaron que el intendente Alfonzo y su esposa, quien decidió por voluntad propia acompañar a su esposo al albergue, anoche recibieron el alta médico con dos resultados negativos.
De acuerdo a la información, no fue solo por disposición del fiscal Rodolfo Colmán de la Unidad II de Carapeguá que el intendente fue a guardar cuarentena en el albergue militar, sino también por recomendación de la Consejo de Defensa Nacional (Codena). Dicha determinación tomó el agente fiscal luego que el intendente sea denunciado por el Dr. Carlos Molas, por violación de cuarentena que estaba guardando el intendente en espera de los resultados a las pruebas del covid-19. En ese momento le faltaba aún un segundo hisopado.
El ejecutivo comunal se encuentra ahora en su domicilio de San Roque González, guardando las medidas de prisión domiciliaria y obligación de someterse a la vigilancia sanitaria, por disposición del juez de Garantía de Carapeguá, Hilario Bustos.
El juez había fijado la audiencia de imposición de medidas para el 22 de julio, pero todo está sujeto al informe que tiene que brindar la Novena Región Sanitaria, sobre la situación de salud en que se encuentra el procesado, un informe en el que conste que el intendente no representa ningún riesgo de contagio o propagación del virus y que está en cumplimiento del protocolo sanitario.
Alfonzo adelantó que como es intendente y tiene un compromiso que cumplir con su comunidad, si el informe de la Novena Región Sanitaria asegura que no existe riesgo de propagación o eventual contagio de coronavirus, su defensa podría plantear abreviación del plazo de la imposición de medidas y solicitar permiso especial para cumplir con sus obligaciones.
La evaluación final de la salud del intendente y de su esposa, quien a la primera prueba había dado positivo y en las demás muestras realizadas tanto en el privado como por profesionales de la Novena Región Sanitaria, dieron negativas, la cuarentena obligatoria se levanta para los miembros de la familia del ejecutivo comunal. De igual manera, el informe debe ser comunicado por las autoridades sanitarias al juez Bustos.