Estigarribia señaló que existen varios artículos constitucionales, del Código Penal y del Código Procesal Penal que podrían ameritar este tipo de diligencias. “El camino es que el Ministerio Público haga lo que tenga que hacer, que la propia Corte denuncie ese hecho al Ministerio Público, que tiene que investigar un presunto hecho de atentado contra la independencia del Poder Judicial, que haya un proceso penal y que haya un proceso político de pérdida de investidura”, manifestó.
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Consultado acerca de si cree que se podrían dar las condiciones para ello, Estigarribia respondió: “Concretamente no. Pero se pueden crear las condiciones porque ya vienen calentando el ambiente unos cuantos diputados con la sanción de un proyecto de despenalización, de evitar la despenalización de las Declaraciones Juradas, el nombramiento de Rivas, que nunca juró como abogado en el Jurado de Enjuiciamiento, y ahora esto. Creo que el ambiente ya está bastante pesado para un grupo de diputados que ya vienen haciendo desmanes constitucionales”, afirmó.
Ante la consulta de si el accionar de estos diputados podrían tener alguna consecuencia, indicó: “Creo que sí. El hecho de que el presidente de la Corte le haya dado un destaque especial a través de una conferencia es la señal de la gravedad. Realmente ya lo dije en otro momento, es un tema grave, porque que 29 diputados presenten una nota para intervenir en una acción de inconstitucionalidad. en un caso que te afecta a vos como actor de la acción de amparo y de alguna manera afectado indirecto por lesión de inconstitucionalidad, que lo hagan con sello de diputados, es grave porque contradice la Constitución Nacional, la independencia del Poder Judicial”, señaló.
Estigarribia alegó que podría tratarse de un acto de coacción o fuerza debido a que estos diputados son los encargados de iniciar el procedimiento del juicio político eventual que se pudiera hacer contra los ministros de la Corte. “Al presentarse, tiene ya una fuerza en la Corte, que no es normal, es extraordinaria. En una investigación penal, tendría que determinarse si es coacción o un delito. Para eso está la obligación de denunciar del funcionario público o de un tercero particular. Sin perjuicio, el proceso de pérdida de investidura que se le pudiera hacer por el uso indebido de influencia y la pena de inhabilitación de cinco años para ejercer cargos públicos”, dijo.
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El exsenador manifestó que los diputados no quieren que se publiquen las declaraciones juradas “porque se va a saber lo que tenían antes de tomar el cargo y lo que tienen ahora. También se puede notar que la Contraloría no hizo su tarea en caso de que llame la atención alguna información. Contraloría se verá obligada a dar explicaciones”, apuntó.