Torres destacó primeramente que el principal problema es que en el proyecto del Congreso no se aclara cuál será la financiación, pero ellos deducen que las facturas deben ser subsidiadas por el Gobierno central, a través de los fondos de la Ley de Emergencia Sanitaria.
En ese sentido, indicó que la empresa estatal de electricidad no se vería afectada a corto plazo, pero sí a mediano y largo, teniendo en cuenta que los usuarios cuyas facturas excedan los 1.000 kWh podrán fraccionar la diferencia hasta 18 cuotas.
“Si Hacienda estuviera en condiciones de cubrir los subsidios que establece la ley, la ANDE no tiene perjuicios. Pero la ANDE tiene compromisos a corto plazo: la compra de energía, el pago a proveedores, gastos administrativos y de operación, entre otros. La intervención (el pago del Gobierno) debe ser inmediata”, resaltó en contacto con ABC.
Asimismo, destacó que en el detallado informe que elevaron al Poder Ejecutivo se resaltan complicaciones técnicas operativas de la ley. “Anular facturas implica manipular nuestro sistema comercial, que tiene implicancias tributarias inclusive, y tenemos que realizarlo con la mayor seriedad posible para evitar que haya problemas a futuro”, agregó.
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En otro momento, explicó que si el usuario supera los 1.000 kwh solamente deberá pagar la diferencia. Ejemplificando un poco, indicó que el subsidio equivale a aproximadamente G. 450.000, entonces si un usuario tiene factura de un millón, pagaría solo los 550.000 y ese saldo puede ser fraccionado en un plazo de 18 cuotas.
Destacó que en la ley incluso no se habla de categoría de usuario, pese a que hay sectores que no se vieron afectados por la pandemia y, por ende, no necesitan este tipo de financiamientos. Por ese motivo, aseguró que -de ser aprobado el proyecto tal y como lo envió el Congreso- se beneficiaría al total de clientes, es decir más de 1.600.000 usuarios.
El titular de la ANDE indicó que en marzo la reducción de la recaudación fue del 40%, mientras que en abril ya llegó al 60%, comparando con los años anteriores.
La exoneración costaría al Gobierno unos US$ 230 millones, un fondo que la ANDE no puede subsidiar, pues podría ir a la quiebra, según indican los directivos.
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Recordemos que el jueves pasado el Senado sancionó el proyecto de ley que exonera facturas de la ANDE y Essap por seis meses (de marzo a agosto). De ser aprobado, beneficiaría a usuarios con consumo de energía de hasta 1.000 kWh/mes (cerca de G. 442.000). Si sobrepasa este valor, solo pagará la diferencia y podrá financiarla.
Este proyecto, considerado como un castigo para la empresa estatal, fue aprobado en ambas Cámaras luego de que surgieran centenares de quejas por sobrefacturaciones debido a la falta de lectura de los medidores durante la pandemia del nuevo coronavirus.
Todos los días, las oficinas de la ANDE se llenan de ciudadanos indignados que solicitan la revisión de sus medidores debido a que recibieron facturas con cifras duplicadas o incluso triplicadas.
La exoneración ahora está en manos del presidente Mario Abdo Benítez, quien -según Torres- ya tiene el informe detallado de la ANDE sobre los problemas del proyecto de ley que deben ser aclarados antes de ser sancionada la disposición.
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