La dependencia del Ministerio de Hacienda señala en su informe que los descuentos se realizan cuando son dispuestos por las leyes, como el caso del aporte a IPS; por los jueces, cuando se refieren a prestaciones de alimentos y embargos judiciales, y finalmente los convencionales, es decir, cuando estos descuentos son autorizados por los propios beneficiarios a favor de sus cooperativas y asociaciones, por cuentas o deudas particulares.
Explica que los descuentos convencionales se encuentran regulados por la Resolución Ministerial N° 315/19, modificada por la Resolución MH 385/19, y son efectuados siempre que el beneficiario, jubilado o pensionado haya autorizado a la Dirección de Jubilaciones la realización de los mismos a favor de las entidades señaladas, hasta el monto que figura en la referida autorización.
Asimismo, los descuentos cesan en la medida que sea revocada la citada autorización. Para el efecto, conforme al Art. 9 de la Resolución MH d) “…el beneficiario deberá presentar la nota de revocatoria ante su cooperativa o entidad, y con el sello de recibido de la misma presentar una copia ante la DGJP, la que hará efectiva a partir del mes siguiente de su presentación”, asegura la entidad.
Expresa que, atendiendo a la emergencia sanitaria, este documento con el acuse de recibo de la entidad, cooperativa o asociación podrá ser remitido a la dirección de correo jubilacionesmh@gmail.com.
Déficit de la Caja
La Dirección de Jubilaciones y Pensiones o Caja Fiscal administra la jubilación de los funcionarios de entidades dependientes de la administración central: funcionarios administrativos, docentes universitarios, magistrados judiciales, policías, militares y docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).
La Caja Fiscal al mes de mayo acumula un déficit de G. 385.291 millones, lo que equivale al 28% entre el aporte pagado por funcionarios activos y los pagos de haberes a jubilados.
Esta diferencia negativa se paga en parte con el superávit que registran ciertos sectores de la caja y la mayor parte, en los últimos dos meses, con los fondos provenientes de la Ley de Emergencia, ya que la recaudación impositiva cayó fuertemente.