En conferencia de prensa brindada esta mañana, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, confirmó que ya recibió el informe enviado por el ministro Arnaldo Giuzzio, quien preside la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19. Sin embargo, acotó que todavía no ha tenido oportunidad de leer el informe.
No obstante, ya anunció que han decidido cancelar todos los procesos o llamados que tengan objeciones por dicha comisión. Aseguró que por el momento son 32 las que están siendo evaluadas, pero aún no puede confirmar que todas ellas vayan a ser anuladas, considerando que irán analizándolas y viendo todo el informe derivado por Giuzzio.
Sobre denuncias periodísticas de presuntas irregularidades en la gestión de los viceministros Juan Carlos Portillo y Julio Rolón, dijo que deben rendir cuentas constantemente, al igual que él. Sin embargo, aseguró que si continúan en sus cargos es porque siguen siendo de “absoluta confianza”.
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Insumos, por dos meses más
En cuanto a cómo afectará a la preparación del sistema de salud la cancelación de todos esos procesos y, por ende, la pérdida de los insumos, dijo que ya no existe la urgencia que teníamos en principio, considerando que la cantidad de casos no es la que se vaticinaba, gracias a las medidas de restricción tomadas en principio y la colaboración de la ciudadanía.
“Hay algunos procesos que en virtud del tiempo y cambio de la situación epidemiológica hoy ya no tienen esa urgencia. Los precios han cambiado, el mercado que estaba distorsionado ha sido cambiado y resulta conveniente volver a hacer estos llamados”, declaró Mazzoleni.
Asimismo, aseguró que aún tenemos stock de insumos disponibles para cubrir las necesidades de los médicos y enfermeros durante al menos dos meses más.
Con respecto a las quejas sobre faltas de insumos, pidió que se realicen las solicitudes y denuncias puntuales, puesto que es probable que solo existan problemas de distribución a nivel regional y por ello no hayan llegado a algunos hospitales o puestos de salud.
“En resumidas cuentas, lo que hemos obtenido a través de los cooperantes nos permite hacer una planificación más holgada y adaptar mejores procesos”, enfatizó.
En ese sentido, también adelantó que actualmente están comprando otras 3 millones de mascarillas. “Entonces, la provisión que estamos teniendo nos permite cubrir la necesidad mensual”, dijo y garantizó que hay equipos de seguridad para los próximos 60 días.
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Objeciones de la Comisión
Esta mañana, el ministro de la Senad y coordinador de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras COVID-19 dio a conocer parte del informe emanado por el equipo en base a 32 procesos de compra por vía de la excepción iniciados por el Ministerio de Salud en el marco de la pandemia.
El ministro señaló que la declaración de urgencia impostergable no es excusa para que se realicen procesos irregulares o negligentes de compras. En ese contexto, señaló una serie de incongruencias halladas en los procesos, inconsistencia de designaciones de los miembros del comité evaluador, incumplimientos de normas legales, la inexistencia de correlación entre los procesos administrativos con la evocación de la “urgencia impostergable” y falta de criterio para la fijación de precios referenciales.
Por esos motivos, algunos de los citados en el documento entregado al ministro de Salud, la Comisión de Control recomienda que se anulen los procesos iniciados que se encuentran en etapa de evaluación y que se ejecuten aquellos que se encuentran con contratos ya firmados, pero con un control estricto de su cumplimiento y de las especificaciones técnicas.
Asimismo, propone al titular de la cartera estatal que se sancione a los funcionarios intervinientes y responsables de los procesos irregulares, de ser necesario.
Cabe recordar que este informe o dictamen no es el primero en confirmar irregularidades en los procesos realizados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSBS) en el marco de la pandemia. Uno de los más importantes fue elaborado por la Contraloría General de la República, en el cual el organismo califica de completamente “viciado” todo el proceso para la compra del primer cargamento de productos que fueron proveídos por las empresas de Justo Ferreira: Imedic y Eurotec.
En ese caso ya ha intervenido el Ministerio Público y un equipo fiscal incluso se ha constituido en las oficinas de Salud para recabar información. También se ha informado que Mazzoleni ordenó la apertura de un sumario administrativo contra al menos siete funcionarios, en principio.
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