Eugenio Caje, vocero de la Asociación de Importadores y Comerciantes del Paraguay (Asimcopar), habló esta mañana con ABC Cardinal sobre la necesidad de que las grandes empresas sean incluidas en un plan de recuperación económica. Pidió nuevamente que el grupo de las grandes empresas sea incluido en los préstamos que habilitó el Fondo de Garantía para Pymes (Fogapy) en el contexto de la pandemia de COVID-19.
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“Para nosotros, como grandes, no (funciona el Fogapy). El crédito es para pequeñas y medianas. La ley de Fogapy es hasta G. 15.000 millones año. Las grandes están entre G. 60.000 millones y G. 70.000 millones año. Como somos polo, al igual que las micro, estamos en la misma situación riesgosa, porque el consumo cayó y no tenemos forma de hacer frente a los costos operativos”, aseveró.
En ese contexto, citó a algunas firmas que se encuentran en esta lista como: Casa Paraná, Fernandito, Unicentro, La Bomba y El Faro, por dar algunos ejemplos.
Aseguró que el Estado no ha tenido en cuenta a las empresas de mayor porte para incluirlas en una estrategia que les ayude a soportar la crisis. “Se olvidaron de ayudar a las grandes también, que les mueve a las micro, a la pequeña y a la mediana empresa, por eso estamos insistiendo mucho en que se nos incluya. Tenemos que volver a administrar nuestras empresas, porque hoy en día están bastante golpeadas en ese sentido”, agregó.
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“Necesitamos primero ser incluidos, que haya una repartición equitativa de los fondos de garantía. Nuestro pedido original fue (que aquellas que facturen) de G. 15.000 millones a G. 50.000 millones como mínimo a un préstamo G. 3.500 millones y (las que facturen) de 50.000 millones para adelante, (que obtengan un crédito) de 5.000 millones. Sería la base del 10% de nuestra facturación. Los senadores levantaron eso a G. 9.000 millones, pero nosotros queremos que acá le alcance a las grandes. El tema acá importante también es la tasa. Nosotros vemos como tasa máxima del 5%, un año de garantía y un plazo de 24 meses a 60 meses”, detalló.
En ese sentido, Caje habló nuevamente del ejemplo de Chile. “Ellos entendieron que para salir de la crisis tienen que enseñarles a las empresas a salir adelante sin dinero. Lo que hicieron fue indemnizarles su renta, el pago del IVA (…) Ellos saben que esto es de cinco a 10 años la salida y prefieren hasta regalar dinero con tal de que la economía no caiga y eso es lo que el Estado no está entendiendo”, indicó.
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Añadió que siguen trabajando en lograr un canal directo con los representantes del Estado. “Estamos insistiendo en abrir una mesa de diálogo con Hacienda, BCP (Banco Central del Paraguay), para que podamos hacerles entender que esto necesitamos nosotros. Todavía no tenemos ese tema totalmente ganado”, puntualizó.
Antecedentes
Cabe recordar que, si bien el 10 de marzo se inició la cuarentena sanitaria en el país, atendiendo a la confirmación de los primeros casos de COVID-19, los comercios y locales de comida seguían abriendo con la aplicación de ciertas medidas de prevención. No obstante, con la disposición de aislamiento total, que se inició el 21 de marzo, todos los negocios y restaurantes debieron cerrar.
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Estas medidas sumamente restrictivas se extendieron hasta el pasado 3 de mayo, para dar paso a la cuarentena inteligente, que consiste en la flexibilización por fases. Si bien en la fase 1 se realizaron algunas aperturas, recién desde la fase 2, que empezó el pasado 25 de mayo, pudieron reabrir los locales comerciales, mientras que los restaurantes siguen negociando con las autoridades sus protocolos sanitarios para tratar de abrir en la fase 3.
Asimismo, también es importante recordar que el pasado 13 de marzo el Presidente anunció las primeras medidas económicas para hacer frente a la crisis por la pandemia, entre ellas las facilidades de crédito que iba a proporcionar Fogapy.
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En ese contexto, en la fecha, la Cámara de Diputados debe tratar hoy el proyecto de modificación del Fondo de Garantía para las Pymes (Fogapy), para lo cual los legisladores necesitarán lograr una mayoría absoluta de modo a ratificarse en su versión, puesto que había aprobado que la ampliación de los US$ 261 millones será financiada con préstamos preaprobados de organismos internacionales, pero en Cámara de Senadores decidieron que el fortalecimiento se realice con fondos de la Ley de Emergencia.