El magistrado resolvió disponer la aplicación de la suspensión a la ejecución de la prisión preventiva que pesaba contra el ejecutivo municipal. Dispuso además que el mismo deberá presentarse ante el Juzgado los primeros 5 días de cada mes y ante cualquier llamado que realizare el Ministerio Público.
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Los defensores del intendente pusieron a disposición del Juzgado una finca valuada en cerca de G. 2.000.000.000 como garantía real; en ese sentido corresponde trabar embargo preventivo por dicho inmueble hasta cubrir la suma de G. 100 millones para garantizar su sometimiento a la Justicia.
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El Juzgado impuso además que el intendente deberá obligatoriamente cumplir el decreto presidencial, además de la Ley 716/96 que sanciona los delitos contra el medio ambiente, mientras dure la cuarentena sanitaria.
José Carlos Acevedo había sido imputado por transgredir el decreto presidencial que dispone el cierre de las fronteras para evitar el avance del COVID-19 y por el hecho punible de resistencia. Fue obligado a cumplir cuarentena sanitaria en una unidad militar ubicada en Concepción. Fue sometido a las pruebas del COVID-19 en dos ocasiones; ambas dieron resultado negativo.