Esta mañana, en conferencia de prensa, el ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni, manifestó que tomó la decisión de realizar una suspensión total del contrato del cargamento que había llegado de China, que se rechazó casi en su totalidad en abril pasado. El secretario de Estado aseguró que tomó la decisión en base al informe que elevó ayer la Contraloría General de la República (CGR) sobre una serie de irregularidades halladas.
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Además, sostuvo que van a ejecutar la póliza y que instruirán un sumario para investigar y deslindar las responsabilidades dentro del Ministerio de Salud en el desarrollo del proceso licitatorio. En ese contexto, al ser consultado si presentará una denuncia ante el Ministerio Público, respondió que tiene conocimiento ya de la existencia de un proceso en el marco de este caso.
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El contrato fue por G. 80.000 millones para dos empresas: Insumos Médicos SA (Imedic) y Eurotec SA, ambas ligadas a Justo Ferreira.
Al ser abordado sobre por qué recién ahora se efectuó la rescisión del mencionado contrato, hizo referencia a que debía respetar los procesos. “El Ministerio de Salud y cualquier organismo del Estado tiene etapas administrativas que debe respetar a rajatabla, porque puede ser demandado por algún daño. Tenemos dos etapas: la etapa de licitación y etapa de ejecución del contrato. Nos estábamos ciñendo a esta etapa y hasta el momento no había ningún informe de ninguna institución. Desde el momento en que tenemos elementos de valoración de la Contraloría y de la comisión presente, aquí es que puedo tomar una decisión”, enfatizó.
“Tenemos los procesos habituales. Vamos a instruir los sumarios que correspondan. La Fiscalía ya está involucrada y está involucrada como otro organismo. La ejecución de la póliza incluye todo lo que tiene que ver con el anticipo”, ratificó al respecto.
Antecedentes
Ayer, la Contraloría General de la República elevó un informe sobre esta cuestionada compra de insumos médicos en el cual se concluye que la adquisición está totalmente “viciada en todas sus etapas”. Hablan de numerosas incongruencias y concluyen que las firmas Imedic y Eurotec no debían haber sido adjudicadas.
En los últimos párrafos incluso cuestionan el proceder de la Dirección Administrativa, la Unidad Operativa de Contratación y el Comité de Evaluación de Ofertas del Ministerio de Salud, que tuvieron intervención en las diferentes etapas. Por ese motivo, piden que a la cartera sanitaria que adopte las “medidas correctivas en el marco de la Ley de Contrataciones Públicas”.
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Entre los problemas detectados se resalta que no se debía otorgar el anticipo de G. 17.000 millones, debido a que se trataba de una compra por la vía de excepción, por tratarse de una urgencia. Contraloría también concluyó que la adjudicación se realizó sin que el Ministerio de Salud haya hecho los análisis técnicos, sin que se haya recibido una muestra de los productos a ser adquiridos y pese a que las firmas no presentaron la autorización del fabricante ni el certificado de registros sanitarios que debe ser emitido por la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa).
Recordemos que este lote de cargamentos llegó el 16 de abril y fue muy celebrado por ser el primero en contener insumos para hacer frente a la pandemia. Sin embargo, días después, el Ministerio informó que debían analizar todos los productos, puesto que algunos no coincidían con lo solicitado en el contrato a las empresas Imedic y Eurotec.
Luego de varios análisis se anunció que se realizará la rescisión parcial del contrato para aceptar mascarillas y trajes de bioseguridad que sí cumplían las especificaciones técnicas del pliego de bases y condiciones.
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