Lo que plantea esta Ley “es la rotura de tu garantía constitucional de tu derecho a la intimidad”, argumentó el abogado Raúl Codas, encargado de presentación de la Acción de Inconstitucionalidad y una medida cautelar en contra de la Ley 6355/19, que incluye entre las personas obligadas a presentar declaración jurada a dueños, accionistas y otros responsables de empresas contratistas del Estado.
Codas insistió que la mencionada Ley es inconstitucional, ya que sostienen que el sector privado no puede estar obligado a que se divulguen públicamente la información bancaria y personal de civiles, y que de hecho por ejemplo, la Contraloría General de la República, órgano de control oficial del gobierno, en sus atribuciones constitucionales no incluye a este sector agregado con esta ley.
“La Contraloría, en su carta orgánica y hasta inclusive en la propia constitución solamente está autorizada a recibir declaraciones juradas de los funcionarios públicos, no de proveedor del Estado”, insistió sobre uno de los puntos que atacan.
“Vos (ciudadano) tenes ciertas garantías constitucionales, entre ellos, una de ella es la garantía la intimidad, a la reserva de tu documentación, y esa garantía solamente puede ser rota por una disposición constitucional”, insistió el abogado, remarcando que esta ley -al no estar sustentada en la Constitución, a su criterio-, viola dichas garantías constitucionales.
Remarcó que si el objetivo es transparentar las empresas que operan con el Estado, velando porque no sean firmas de maletín y que las personas que la componen no tengan vínculos ilegales, el Gobierno tiene todas las facultades y los datos para controlar.
Codas insistió en ese punto diciendo que con el cambio reciente de la Ley, “todas las sociedades anónimas ya son prácticamente sociedades por acciones, son todas nominativas, entonces uno sabe exactamente quiénes son los dueños y quienes la dirigen”.