“Por providencia DTA (Dirección de Transparencia y Anticorrupción) Nro. 68/2020, se pidió los informes respectivos al Ministerio de Hacienda y al Ministerio del Trabajo” respecto a las contrataciones por excepción al concurso de méritos, informó a nuestro diario el director jurídico de la SFP, Máximo Medina.
Medina ya había anunciado el fin de semana que se llevaría a cabo la apertura de investigación ante las anomalías denunciadas que se concretó finalmente esta tarde. Esos contratos sumados a recategorizaciones millonarias en la misma institución que también se difundieron, causaron indignación en redes sociales.
El MTESS emitió un comunicado al respecto, diciendo: “Las 6 contrataciones vía excepción fueron solicitadas por el MTESS en el mes de febrero, 1 mes antes de la declaración de Emergencia, y fue otorgada conforme al Dictamen N° DGAJ N° 479/2020 de fecha 31 de marzo suscrito por la Secretaría de la Función Pública, firmado por el Director Jurídico Maximo Medina quien recomendó hacer lugar a dichas contrataciones. Estos contratos nunca se concretaron ya que el proceso no se concretó en pago alguno y fueron dejados sin efecto en fecha 30 de abril”.
Según el escrito, enviado por la propia ministra Carla Bacigalupo, “el MTESS siguió en todo momento el proceso establecido en las normas y procesos de la Ley y la Secretaria de la Función Pública”.
Sin embargo, los casos de excepción, según se prevé en la ley 1626 de la Función Pública, deben ser sólo para contrataciones estrictamente necesarias, que se saltan el concurso de méritos por un plazo de seis meses y después de eso, se debe hacer el examen de oposición correspondiente.
Tras leer el comunicado del Ministerio de Trabajo, el director jurídico de la Función Pública señaló que “justamente para ver todos los detalles, ya hice el pedido de investigación y el director de Transparencia ya tiene a su cargo la investigación”.
De acuerdo a documentos a los que accedió nuestro diario, como la resolución MTESS N° 430/2020 del 25 de marzo pasado firmado por Bacigalupo, se solicitó para seis personas “la contratación del personal del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral por excepción al concurso de mérito”.
Son pedidos a la Función Pública para que en el SNPP, dependiente del Ministerio de Trabajo, ingresen auxiliares administrativos, asistentes y tres “profesionales”, entre los que se encuentra la “asesora de prensa” Viviana Bonino, cuyo cargo es “directora de Familia Profesional, Imagen, Sonido y Comunicación” (sic), con sueldo base de casi G. 9 millones, a lo que se deben sumar sus bonificaciones y gratificaciones por tener cargo de “directora”.
Pero hubo otros contratos “por excepción” de auxiliares administrativos y asistentes, con salarios de entre G. 2.800.000 y G. 8.700.000, en pleno año de crisis económica. Estas personas son: Gilberto Ramón Agüero, María Isabel Cáceres, Nelson Manuel Patiño, María Victoria Álvarez, Paulo Leandro Figueredo, quienes iban a sumarse a los 1.945 funcionarios con los que ya cuenta hoy el SNPP (además de los 433 del ministerio y 227 de Sinafocal). Según Bacigalupo, todos los contratos quedaron sin efecto y ninguno llegó a cobrar.
Además, el MTESS también contrató este año al amigo del viceministro de Trabajo, Luis Orué Servin, a quien dieron un “cargo de confianza” en el SNPP. Se trata del señor Ariel Caballero, quien debía capacitar a productores, ya que supuestamente es ingeniero agrónomo aunque su último trabajo registrado en la función pública fue como profesor de educación física en una escuela de Fernando de la Mora, donde estuvo hasta el año pasado. Tras las publicaciones, Caballero presentó renuncia.