Acevedo comentó que la jefa de la Dirección de Violencia Intrafamiliar del Ministerio del Interior le dijo que “ivai la porte, ko kuarenténape arriero kuñandie ojejukapáta hikuái (Esta fea la cosa, durante esta cuarentena los hombres y mujeres se van a matar entre ellos)”.
Señaló que la situación de encierro está afectando considerablemente en el estado anímico y el humor de las personas y por ende también el índice de comisión de hechos punibles. “Ese es un elemento que salud pública tiene que entender, por eso hoy en día algunos países que están sufriendo igual que nosotros, de a poco obliga a los padres que dejen salir a los niños, en ciertos horarios. Lo cual tendríamos que hacer aquí también”, agregó.
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Asimismo, señaló que una vez que salgamos de la crisis por el COVID-19, vendrá otra en consecuencia. “Va a quedar un montón de secuelas de violencia psicológica, sobre todo en los niños, y matrimonios que van a terminar pegándose unos a otros. Van a aumentar los feminicidios porque se han estimulado la parte más primitiva del hombre”, destacó Acevedo, para luego asegurar que es una de las responsabilidades con las que se deberá enfrentar Salud Pública.
Aumentan hechos de robo y hurto
La fiscala Teresa Sosa destacó también que en las últimas semanas se registró un aumento considerable de casos de hurto y robo, sobre todo en Asunción y el área metropolitana. Por ejemplo el abigeato es uno de los que más ocurrió en algunas zonas específicas de la República.
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Dijo que la mayor cantidad de hurtos y robos son perpetrados por adictos a las drogas y por ende se deduce que el microtráfico está aún latente pese a la cuarentena. Dijo que los mayores proveedores son aquellos que se mueven en avionetas y se aprovechan de las personas en situación de calle y pobreza.
Sobre denuncias de supuestos hechos de coima, Acevedo instó a las personas que hagan sus denuncias ante la Fiscalía o la Policía más cercana. Mientras que la fiscala resaltó que en Nuestra Señora de la Asunción casi Haedo se están recibiendo denuncias contra los funcionarios públicos que deben ejercer el control.
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Por ese motivo, además de exhortar a que realicen las denuncias en dicha dirección, pidió que se tomen fotografías o se capten videos aunque sean tomados a largas distancias para no exponerse. El objetivo es poder involucrar al efectivo policial o fiscal para poder apartarlo del cargo.
Además, desde el inicio de la cuarentena hasta la fecha ya se han registrado más de 2.400 personas imputadas por violar la disposición sanitaria. La fiscala Teresa Sosa señaló que con una encuesta constataron que todos los que salen a trabajar pese a la prohibición argumentan que su situación económica ya es grave. Agregó que la crisis afecta a varios estratos sociales sin distinción.
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