Como el lunes la Cámara de Diputados quitó los fueros parlamentarios a Del Pilar Medina de Paredes, el Juzgado Penal de Garantías a cargo de Cynthia Lovera pudo aceptar hoy el acta de imputación que presentó la fiscala Belinda Bobadilla contra la diputada colorada cartista. Fue convocada para este viernes 24 de abril a las 9:30 y el Ministerio Público pidió que se le apliquen medidas alternativas a la prisión.
La legisladora debía guardar aislamiento social obligatorio por dos semanas tras volver del extranjero, pero a los 10 días -el 25 de marzo- se presentó en Diputados a sesionar normalmente. La imputación es por hechos punibles establecidos en la Ley N° 716 sobre delitos ambientales, que en su artículo 10 establece que los que violen las cuarentenas sanitarias serán sancionados con cárcel de 6 a 18 meses y una multa de entre G. 8.500.000 y G. 42.000.000.
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Del Pilar Medina viajó con la ahora exsenadora María Eugenia Beatriz Bajac de Penner a Perú a un congreso religioso y esta última acudió a sesionar a pesar de que sabía que podía estar infectada con COVID-19, diagnóstico que luego se confirmó. La política liberal llanista fue expulsada del Congreso porque, además de exponer a sus colegas, usó viáticos del Congreso para su actividad particular y los justificó con un viaje oficial a Guatemala que nunca hizo.
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El diputado liberal llanista Édgar Isaac Ortiz Riveros también fue imputado por violar la cuarentena y por el delito de resistencia, ya que fue descubierto tras atropellar una barrera de control sanitario en Encarnación. La Cámara de Diputados también le retiró el fuero parlamentario y el Juzgado a cargo de su causa también tiene que convocarlo a su audiencia de imposición de medidas.
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No obstante, los diputados ayer ni siquiera se animaron a plantear una suspensión a sus colegas, pese a que el artículo 190 de la Carta Magna establece que por mayoría de dos tercios cada Cámara podrá amonestar o apercibir a cualquiera de sus miembros por inconducta en el ejercicio de sus funciones y suspenderlo sin goce de dieta hasta 60 días.
Una vez más, la mayoría salvó a sus colegas de un eventual pedido de pérdida de investidura que no llegó a presentarse por falta de firmantes.