Esta mañana habló con ABC el presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Édgar Melgarejo, con respecto a la cuestionada compra de mascarillas para la prevención del COVID-19 a G. 30.000 cada una. La licitación apunta a que la institución compró el tipo de barbijo común, que lleva el número de catálogo 42295407-001. No obstante, Melgarejo aseguró que se trata de tapabocas especiales.
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“El doctor Pablo Seitz explicó ayer al aire que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tiene un solo código que no discrimina el tapabocas quirúrgico (...) Un solo código es el que representa a toda esa clasificación y al amplio espectro de mascarillas. Nosotros como institución sí hicimos una discriminación cuando compramos el 18 de marzo los tapabocas convencionales, se les denominó ‘tapabocas estándar’, y cuando compramos los otros le denominó al llamado ‘mascarillas quirúrgicas’, pero más allá de ese código que refiere ABC, que ya aclaró Seitz, nosotros sí discriminamos”, insistió.
En este punto, cabe aclarar, sin embargo, que las compras efectuadas por el Ministerio de Salud Pública revelan que las mascarillas más sofisticadas llevan el número de catálogo 46182005-00l.
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En relación a la investigación que abrió la Fiscalía, respondió que desde la Dinac están abiertos a hacer todo tipo de aclaratorias. “Contrariamente a lo que podría parecer, estoy contento de que podamos discutir esto con el marco de la justicia del Ministerio Público, porque ahí hay reglas claras a las que podemos someternos en contra de toda esta anarquía de las interpretaciones”, alegó.
En ese contexto, fue abordado sobre el cuestionamiento de la persona que representa la firma Proyectos Global Sociedad Anónima, a la que fue adjudicada la compra de tapabocas. Se trata de Katherine Pamela Toñánez Vera, una joven de aproximadamente 20 años, que también representa al Consorcio Aerotech, que ganó anteriormente una licitación para asistencia y mantenimiento de equipos aeronáuticos, comunicación, navegación y vigilancia de la Dinac, por la suma de unos G. 1.800 millones.
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En un primer momento, sostuvo que él personalmente no participa de forma directa de las licitaciones y mecanismos, pero reconoció que, al ser titular de la Dinac, tiene una “responsabilidad política”. “Hoy este proceso se hizo por la vía de la excepción, por la urgencia impostergable. Yo no participo de forma directa de las licitaciones y mecanismos. Eso surge de uno de los requerimientos de una de las direcciones y va subiendo hasta llegar a la UOC (Unidad de Contratación), que es la que convoca y hace todo el proceso administrativo y ahí ya entran los financieros a legitimar, ni tampoco puedo yo acceder a controlar los integrantes de las personas jurídicas que concursan", señaló.
No obstante, después dijo que no había inconvenientes en que esta persona represente a más de un consorcio que sea proveedor de la Dinac. “Yo lo que tengo que averiguar es dónde está la ilicitud de que una persona física pueda integrar dos directorios o 10 también, si lo que a mí me interesa es que cumpla con su compromiso contractual, si me provee un servicio que cumpla con ese servicio, si a partir de los 18 años puede ser sujeta de derecho pleno. La cuestión cronológica no es una limitante. Ahora, dentro del ensayo que ustedes hacen de que generan suspicacias, por supuesto que llama la atención eso, pero lo que mí me concierne es que se cumpla con lo que se contrató”, aseveró.