En el proyecto de resolución prevén primeramente “declarar fehacientemente comprobado el uso indebido de influencias cometido por la senadora María Eugenia Bajac, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 201, numeral 2 de la Constitución Nacional”. Luego, plantean disponer la pérdida de investidura de la parlamentaria llanista, quien, en consecuencia, quedaría removida del cargo.
El documento fue presentado por los senadores Hermenegilda Alvarenga, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Georgia Arrúa, Carlos Filizzola, Pedro Santacruz, Fidel Zavala y Stephan Rasmussen.
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Entre los argumentos mencionan que, por un lado, Bajac solicitó pasajes y viáticos para un viaje oficial a un congreso a ser realizado en la República de Guatemala “y no dio cumplimiento a la finalidad de lo solicitado”. Por otra parte, resaltan el incumplimiento del aislamiento preventivo dispuesto en el Decreto de Emergencia Sanitaria.
"Pese a presentar síntomas de COVID-19 y sin tener aún los resultados laboratoriales, la senadora desoyó la recomendación del personal sanitario que le indicó permanecer en su domicilio y no salir, violando así la cuarentena”, añaden.
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Recordemos que, según la Fiscalía, Bajac ya presentaba síntomas del virus desde el 18 de marzo, por lo cual se sometió al test el 31 del mismo mes y las autoridades sanitarias le recomendaron mantenerse en aislamiento.
Sin embargo, ella acudió a una sesión en el Parlamento el 1 de abril. Esa noche recibió los resultados de su análisis, que dieron positivo al COVID-19. Por este motivo, el pasado 10 de abril, el Ministerio Público presentó la imputación en contra de Bajac y solicitó su desafuero.
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Viaje “fallido”
Por otra parte, mencionan su fallido viaje a la República de Guatemala, pues Bajac solicito pasajes y viáticos para dicho viaje oficial pero no asistió. Aseguran que la parlamentaria consignó datos de contenido falso en su “Rendición de cuentas de viáticos”, que tiene carácter de declaración jurada.
Afirman que la senadora presentó un formulario de rendición de cuentas de viáticos donde indica que el “Destino de la Comisión de Servicios” fue Guatemala, pese a que en realidad fue Perú. La acusada consignó supuestos montos a los ítems de: alojamiento, alimentación, pasajes (urbano-interurbano) y otros, que ascendieron a un total de G. 11.108.213.
Por ello, consideran que se cometió “el cobro irregular de sumas de dinero en concepto de viáticos y pasajes, el falseamiento de los datos y la malversación de fondos constan en los informes administrativos del Senado”.
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