Así lo revela una nota emitida en fecha 13 de abril, dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Joaquín Martínez Simón, por parte del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar).
En el oficio, los sindicalistas exigen celeridad en el proceso licitatorio para la contratación de un seguro médico privado que, según afirman, les corresponde por derecho adquirido en su contrato colectivo.
El seguro que piden tiene un costo de G. 680.000 por cada funcionario. Está destinado a magistrados y funcionarios de la institución y además contempla la cobertura de sus correspondientes grupos familiares.
Como argumento de su solicitud alegan el derecho constitucional a la salud y además se sostienen en que el costo que piden no llega al tope establecido por la ley del Presupuesto General de la Nación en su artículo 219. Afirman que el seguro podría ser incluso de G. 1.000.000, según el tope establecido por el mencionado marco legal.
Detallan, a su vez, que este dinero es proveniente de Fuente de Financiamiento 30 de recursos institucionales.
Finalmente, instan a los ministros de la Corte a proseguir con los trámites de licitación para la compra del seguro, argumentando que necesitan seguridad sanitaria, “más en este momento de incertidumbre creado por la pandemia del COVID-19”.
El seguro médico que solicitan los sindicalistas está destinado a 12.000 trabajadores del Poder Judicial.