“Hasta el viernes teníamos 40. Hoy tenemos ya 50 empresas que ya estamos tramitando las suspensiones”, indicó Bacigalupo, al mencionar que “estamos hablando de más de 1.500 trabajadores”.
La suspensión de contratos es una medida establecida en la ley laboral, que faculta a las empresas a suspender momentáneamente el vínculo con sus trabajadores, al demostrar que no están pudiendo operar en este caso por las restricciones sanitarias.
El inconveniente es que algunas empresas están en condiciones de pagar aún el salario, aunque sea parcial a sus trabajadores cesados momentáneamente, sin embargo, muchas otras no, por lo que el Gobierno, en la Ley de Emergencia promulgada recientemente contempla que en parte, el Instituto de Previsión Social (IPS) se haga cargo al menos del 50% del salario de los empleados afectados.
“Y la idea es que IPS se puede hacer cargo del 50% del salario mínimo de los trabajadores en micro y pequeñas empresas (Mipymes), que en número de IPS más o menos son 260.000 trabajadores, que están categorizados en IPS como dependientes en micro y pequeña empresas”, mencionó la ministra.
Para los trabajadores de empresas más grandes, el Ministerio del Trabajo espera que estas se puedan hacer cargo de la mitad del salario de sus trabajadores, acogiéndose a los créditos ofrecidos por el gobierno en el marco de los programas especiales de apoyo crediticio por la crisis.
“Queremos llegar a un acuerdo de una suspensión parcial para que la empresa se haga cargo -a través de la suspensión o un cambio de modalidad contractual que está permitido- por lo menos del 50% del salario, que son las empresas que tienen un poco más de espalda y para la cual el gobierno también ha lanzado otras medidas de crédito para nómina”, remarcó.
La ministra sostiene que otra alternativa que están planteando a las empresas y a los empleados es que negocien para reducir por ejemplo el tiempo diario laboral, a cambio de que las empresas paguen menos, a fin de recortar costos a cambio de una menor carga laboral para el empleado.
Referente a la situación del viernes pasado, cuando referentes del gobierno plantearon públicamente la posibilidad de flexibilizar las medidas sanitarias, lo cual generó un repudio generalizado por parte de la ciudadanía y sobre todo de gremios médicos, Bacigalupo negó que hayan existido presiones contra el ministro de Salud, Julio Mazzoleni y que hayan habido tensiones en el primer anillo del gobierno.
“Nosotros no vimos ninguna tensión en el gabinete, por lo menos a mí no me tocó vivir, eso tengo que ser muy sincera. Un diálogo total y la indicación del presidente fue -desde el inicio- que se iba a acatar lo que el ministro de Salud diga y por supuesto, así fue”, indicó en comunicación con ABC Cardinal.