“Además del seguimiento de lo que establece la Ley de Emergencia, la Ley N° 6.524, firmamos un convenio de cooperación con dos instituciones de control: la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac), con el ministro René Fernández, y la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), con el doctor Luis Cardozo, a los efectos de implementar un control concurrente del gasto, no necesariamente un control posterior”, manifestó el contralor Camilo Benítez.
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Afirmó además que se va a implementar la informatización de las rendiciones de cuentas de las instituciones para que esa información sea de libre acceso para la ciudadanía y que exista mayor participación ciudadana en el control del gasto.
“Por fin esta ley (N° 6.524) contiene esta exigencia, que estos datos sean abiertos y que la gente pueda controlar esos datos. Por la cantidad de insumos que vamos a recibir de la propia ciudadanía y también porque ellos mismos van a convertirse en contralores del buen uso de este dinero”, señaló.
“Este dinero hay que controlarlo desde el día uno. Esto no es como en una obra pública en la que después de un año todavía se puede evaluar la calidad del asfaltado, por ejemplo. Este dinero en su mayor proporción se va a gastar en alimentos y medicamentos. Se va a trabajar en la trazabilidad de ese dinero y quiénes van a recibirlo”, sostuvo Benítez.
Consultado acerca de qué garantía se tiene de que las instituciones involucradas van a transparentar el uso del dinero, el contralor señaló: “Tienen una obligación legal de presentar la rendición de cuentas 60 días después de recibir el dinero ante Contraloría y nos obliga a publicar esos datos”, alegó.
“Todos los organismos tienen la obligación legal de presentar la información, en las páginas web oficiales de cada institución debe estar la información que compete a cada institución”, agregó.
En cuanto al dinero recibido de donaciones del exterior, el contralor afirmó que también será controlado.