En una breve charla con los medios de prensa, la diputada liberal manifestó su indignación por el hecho de que semanas después de la fuga aún no se conozca el contenido de las cámaras de seguridad que tenía la penitenciaría de Pedro Juan Caballero.
Se preguntó qué pasó con este sistema de circuito y dónde se encuentra la información que debió haber registrado.
Criticó duramente a la ministra de Justicia, Cecilia Pérez, diciendo que podía haber tomado “recaudos mínimos cuando ya tenían la denuncia de que iban a correr supuestamente 80.000 dólares y aun así no tomó una sola medida”.
Incluso, lanzó una acusación seria diciendo que “pareciera que nadie quiere asumir la responsabilidad porque pareciera que ambos tienen su gente metida en eso”, en referencia a las autoridades de los Ministerios de Justicia y del Interior.
Lamentó que desde el inicio del gobierno actual hasta el momento no haya visto “ningún plan para el sistema penitenciario y ningún plan de gobierno, de hecho”.
Sugirió un plan a corto plazo que sea “bastante más represivo”.
“Aislarlos a todos los peligrosos en uno o dos lugares que podamos controlar y en esos uno o dos lugares meter gente especializada y ganando muy bien. Tienen que ganar muy bien para que luego piensen en qué les puede llevar aceptar 5.000 ó 10.000 dólares”, propuso la parlamentaria.
En referencia a la Fiscalía y la Justicia, dijo que tienen “una enorme cuota de responsabilidad por los atrasos. La Justicia que tarda no es Justicia. Tenemos las cárceles llenas de gente que a lo mejor tenían que salir o no estar ahí”, ejemplificó.
Lamentó las condiciones actuales de las cárceles, de las que dijo que “son caldo de cultivo para mejorar la delincuencia”.
“Las penitenciarías con aislamiento son una de las cosas que solucionarán esta problemática, no este mercado que tenemos donde se confunden visitas con guardiacárceles”, declaró Celeste Amarilla antes de iniciar la sesión de la Comisión Permanente.
En la sesión de este martes, el punto número 1 hace referencia al pedido de declaración de estado de excepción para el departamento de Amambay, presentado por el propio titular del Congreso Nacional, Blas Llano.
También hay otros cinco pedidos de informe que figuran en el orden del día.
En cuanto a la convocatoria para la sesión extraordinaria el próximo 4 de febrero, esta sigue vigente. Se estableció esa fecha porque los diputados indicaron que ese día habría quórum.
Se espera que en esa ocasión pueda tratarse lo relacionado con el financiamiento político y las modificaciones que se plantean, además de las declaraciones juradas, que se pretende sean públicas, sin la necesidad de recurrir a una orden judicial para conocer los bienes de las autoridades y candidatos a cargos electivos.