Luego de que unos 2.000 supuestos sintierras nucleados en el Movimiento Campesino Paraguayo (MCP) volvieron a ocupar casi un centenar de predios con un total de 21.000 hectáreas en la colonia 3 de Noviembre de Repatriación (Caaguazú), el Indert anunció a través de un comunicado que dichas tierras no son fiscales, si no que de empresas privadas, según los documentos que se obtuvieron tras una mensura administrativa.
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“El INDERT dispuso, mediante una resolución presidencial debidamente fundada, la realización de una mensura administrativa para ubicar los inmuebles que conforman el patrimonio de la institución y que está siendo reclamado por los labriegos en la colonia 3 de Noviembre, distrito de Repatriación, departamento de Caaguazú”.
En el informe aseguran que los referidos trabajos de campo fueron realizados la semana pasada, “con el consentimiento y el acompañamiento de las partes: los productores, campesinos y el Indert.
Continúa diciendo que “mediante ese trabajo se pudo demarcar y ubicar con exactitud los cinco inmuebles que conforman cuatro colonias y cinco fincas en la zona".
Y la conclusión es que “las tierras ocupadas actualmente por los campesinos en 3 de Noviembre son propiedades privadas, es decir, no se encuentran asentadas dentro del patrimonio del Indert constituidas por las 5 fincas que en su momento fueron objeto de la permuta formalizada por Escritura Pública N° 108, del 30 de octubre de 1981, por parte de la firma Paraguay Development Corporation con el entonces Instituto de Bienestar Rural IBR, hoy INDERT, por tierras fiscales en la Región Occidental”.
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En este sentido, la institución “hace un llamado a todas las personas acampadas en las tierras en litigio a reconsiderar los alcances legales de los documentos obrantes en el expediente de 3 de Noviembre, a fin de evitar un conflicto social que generaría mayores preocupaciones.
Los supuestos “sintierra”, por su parte, aseguran que el Indert intenta apañar a los empresarios de granos y que con una mensura administrativa irregular tratan de justificar los “títulos ilegales” de los empresarios.
Es la segunda vez que los labriegos ingresan a estas propiedades tras un gran desalojo registrado el 24 de octubre del 2019, con participación de unos 1.500 uniformados, un helicóptero y dos carrohidrantes.
Las 21.000 hectáreas de tierras cuentan con extensas plantaciones de sojas valuadas en al menos 15.000 dólares por hectárea.