Según denuncia de los propios ganaderos de las zonas de Agua Dulce y Bahía Negra, Chaco paraguayo, la Gobernación de Alto Paraguay, administrada por José Domingo Adorno (ANR), desembolsó casi G. 700 millones por obras que no se realizaron. Por su parte, el jefe departamental intentó “justificar lo injustificable”, alegando que había utilizado el dinero para pagar la estadía y el combustible de los bomberos que trabajaron para combatir el fuego.
Indignados, los diputados Marlene Ocampos y Edwin Reimer, aprovecharon la sesión de este miércoles para hacerse eco de las publicaciones de ABC Color sobre las irregularidades encontradas en la administración del gobernador de Alto Paraguay, José Domingo Adorno, quien no puede justificar la ausencia de los fondos que estaban destinados para la supuesta construcción de cortafuegos, que evitarían el avance de los incendios forestales, que este año golpearon al Chaco.
La parlamentaria Marlene Blanco pidió que la Contraloría audite la gestión del gobernador Adorno, y denunció al administrador departamental por no cumplir con los compromisos asumidos para paliar los incendios en el Chaco.
De acuerdo al relato de la diputada, incluso el sector privado, compuesto por ganaderos y pobladores de la zona, hizo enormes esfuerzos económicos por combatir los incendios, quedando con deudas, mientas que “el gobernador no se apareció hasta hoy”, dijo.
Ocampos lamentó que a pesar de habérsele dado ampliación presupuestaria al gobernador, teniendo en cuenta la emergencia, este no hizo nada con los recursos otorgados.
Es por eso que la diputada pidió conformar una Comisión Especial para investigar qué pasó con ese dinero. “Es penoso. Siento vergüenza cuando se dilapidan los recursos del Estado y aún más los de emergencia, por parte de autoridades que poco favor le hacen a la transparencia de recursos públicos”, lamentó Marlene Ocampos.
Según expresiones de la parlamentaria, el gobierno de Alto Paraguay adjudicó por G. 680 millones para la construcción de cortafuegos. El trabajo incluía limpieza, desglose y despeje del material vegetal, además de la terminación de laminadas para impedir que las llamas azoten más zonas verdes.
Pero “ante la sorpresa de los lugareños, nadie vio ningún trabajo realizado, y ante la consulta de la prensa, el gobernador respondió que sí ha hecho el llamado pero que utilizó el dinero para pagar otras cuentas. Una respuesta increíble de una autoridad que maneja recursos públicos”, expresó la diputada.
La legisladora relató también que el gobernador adjudicó el mayor contrato, el de G. 500 millones, “a una empresa de maletín ligada al jefe de Recursos Humanos de la Gobernación de Alto Paraguay. Hecho que va en contramano a lo establecido en la ley 2051 de Contrataciones Públicas”, puntualizó Ocampos.
Por su parte, el diputado Edwin Reimer también denunció al gobernador José Adorno “por no cumplir con los compromisos asumidos para paliar los incendios en el Chaco”. Pidió conformar una Comisión Especial para investigar qué pasó con ese dinero.
“(Los ganaderos y pobladores) vinieron a hacer cortafuego dejando atrás sus compromisos y hoy no podemos honrar los gastos de ellos”, lamentó.
Relató que durante tres semanas personas del sector privado trabajaron día y noche junto con los bomberos voluntarios en el monte para combatir el avance del fuego, y los bomberos perdieron hasta dinero de sus ingresos en los trabajos del norte del Chaco, que ahora no tienen cómo reponer.
“Cada estancia afectada gastó alrededor de G. 130 millones. Quedó un saldo de G. 436 millones pendientes, que era el compromiso del sector público. El gobernador ni una vez apareció. Ni una máquina envió y nosotros le dimos una ampliación de presupuesto para emergencia ambiental. Nunca se acompañaron los trabajos”, denunció Reimer.
Por último, Edwin Reimer recordó que el fuego vino de Bolivia, y que “no fue culpa de los ganaderos locales como ahora el gobernador quiere hacernos creer”.
La justificación
José Domingo Adorno, al ser consultado sobre el tema, indicó que el millonario monto fue utilizado para cubrir los gastos de estadía de la gran cantidad de bomberos que estuvieron por varios días trabajando para sofocar los incendios.
“También teníamos que cubrir la demanda de combustibles utilizados en la oportunidad, y al no existir una figura legal para cubrir estos gastos, no tuvimos otra opción que utilizar el llamado de trabajos de cortafuego”, expresó. Es decir, la administración departamental de Adorno simuló una adjudicación para justificar en papeles el destino de G. 680 millones.