El fiscal Cabriza manifestó que la fiscal Martínez Amarrilla solicitó medidas alternativas a la prisión del intendente Rodríguez, quien fue imputado por el Ministerio Público por delitos contra el medio ambiente.
El acta de imputación formulada por la fiscal interviniente señala que se constató dentro del vertedero ubicado en la compañía Pororó la quema de basura en fosas y la falta de mitigación ambiental. Además, el terreno no reúne las condiciones para funcionar como un vertedero.
La investigación inició el Ministerio Público a principios del mes de octubre pasado, a raíz de denuncia realizada por los pobladores que se quejaron por la forma de la disposición y tratamiento de los residuos domiciliarios.
El magistrado Cabriza dispuso además la prohibición de seguir operando sin adecuar sus instalaciones y actividades al plan de gestión aprobado por Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible(Mades) y dar estricto cumplimiento a las medidas de mitigación de impacto ambiental.
Asimismo, Rodríguez tiene prohibido salir del país, debe presentar caución real, aunque no especificó que monto debe cubrir, y la firma de libro cada un mes.
El Juez Cabriza señaló que solo fue notificado el intendente para que se le fije las medidas del cual ya está informado el titular de la Municipalidad. Agregó que recién en la audiencia preliminar se puede resolver otras medidas. Dependiendo el caso, se puede dar un pedido de acto conclusivo, suspensión condicional de la causa o se puede dar también el procedimiento abreviado a los efectos de evitar la celebración de un Juicio Oral, dictando anticipadamente una sentencia que ponga fin al proceso investigado.
El magistrado señaló que el intendente Rodriguez solicitó salida del país, alegando que dijo tiener suficiente arraigo, y con la caución que presente, el juez está analizando hacer lugar al pedido. Esto atendiendo que tiene como una de las medidas la prohibición del país.
Llamativamente, el intendente es imputado luego de negar el permiso para la instalación de un mega vertedero de Benia Ambiental S.A donde uno de los accionistas es el ex parlasuriano liberal; Juan Alberto Denis, María Laura Cañete Ojeda (hija de Adelaida Cañete, dueña de El Farol SA) y Hugo César Centurión Ramos, quienes fueron imputados por el fiscal Carlos Rojas por la supuesta comisión de los hechos punibles de infracción a la Ley N° 716/96 “Delito contra el Medio Ambiente”.